Como es sabido por los vecinos del Val Miñor y por todos los grupos políticos de la comarca, incluso por la propia Mancomunidad del Val de Miñor, pues obran múltiples escritos dirigidos a la presidencia de ese organismo, las personas trabajadoras del GES hace tiempo que vienen denunciando la deficiente situación de las condiciones en las que realizan su trabajo. En alguna ocasión, incluso denunciaron los riesgos para su propia salud e integridad física, incumpliéndose, entre otros, el artículo 21 de la Ley 31/95 de PRL, obligatoria según dicha cláusula 8, apartado d) del Convenio GES.
El empleador, esto es, la Mancomunidad, no cumple la legislación vigente en PRL: trabajo en turnos de 1 o 2 efectivos de 24 horas, donde las personas trabajadoras con un contrato de peón tienen que hacer funciones de bombero, de conductor y de jefe de dotación; actuaciones en emergencias de todo tipo como primeros intervinientes en extinción/rescate; manejo de EPIS de categoría 3 sin formación; ausencia de formación en emergencias y de procedimientos de actuación; falta de recursos preventivos por parte de la Mancomunidad. Al mismo tiempo, hace falta señalar que la Xunta de Galicia, la Diputación y la propia Fegamp, firmantes del convenio GES, tienen conocimiento de esta situación absolutamente irregular (por ser moderados en el adjetivo).
Otro aspecto relevante, muchas veces denunciado por las personas trabajadoras, son las instalaciones del servicio que tampoco cumplen la cláusula 8, apartado d) del convenio del GES. Hay un informe de la Mutua y un requerimiento de Inspección de Trabajo al respecto, con nulo caso por parte de los responsables políticos del GES.
El Convenio de los trabajadores y de las trabajadoras de la Mancomunidad no se cumple, comenzando por ignorar las reclamaciones de aquellas personas trabajadoras en relación a las funciones de un rango superior que vienen desarrollando a respecto de su categoría laboral oficial. La única manera de evitar esa “anomalía” sería aumentar la plantilla de 12 a 18 trabajadores. Según el Capítulo X, artículo 23, apartado E) y más la Cláusula adicional tercera, los 3 años de plazo máximo para la incorporación de efectivos hasta llegar a 18 se cumplió el día 16 de agosto de 2021.
“El Consorcio Provincial de Pontevedra para la Prestación del Servicio Contra Incendios y Salvamento considera que la dotación mínima para que esté operativa una de sus bases son 3 trabajadores y trabajadoras. Con un número inferior, el servicio no está operativo y la base se cerraría. El GES del Val Miñor hace las mismas funciones (primeros intervinientes en extinción de incendios, salvamento, rescate y emergencias de todo tipo) con una o dos personas trabajadoras, sin indicaciones ni procedimientos de actuación. Por tanto, de esto se deduce una situación de peligrosidad, riesgo y falta de protección, y que obviamente supone un recorte de derechos laborales de las personas trabajadoras del GES. Todo esto que venimos denunciando es de dudosa legalidad y, a todas luces, irresponsable e inmoral cuando quien promueve esta situación es una Administración Pública”, lamenta Antonio Araújo.
“La situación de precariedad es dramática, por lo que desde Manifesto Miñor, en un ejercicio de responsabilidad, demandaremos en el Pleno de la Corporación Municipal de Gondomar (pues fuimos expulsados de la Mancomunidad para colocar a una tránsfuga) la aprobación de un acuerdo para que don Paco Ferreira y todos los grupos políticos de Gondomar con representación en la Mancomunidad desarrollen las gestiones necesarias para que la Mancomunidad de Concellos del Val de Miñor desarrollen las actuaciones necesarias para integrar el GES de nuestra comarca en el Consorcio Provincial de Pontevedra para la Prestación del Servicio Contra Incendios y Salvamento, manteniendo la base en el Val de Miñor en condiciones dignas para las personas trabajadoras del servicio”, concluye Araújo.
