Hasta ocho auxiliares del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) del Concello de Ponteareas recibieron la apertura de expedientes sancionadores por supuestos incumplimientos de los servicios mínimos de la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 26 de septiembre ante los graves incumplimientos de la concesionaria.
La CIG denuncia que ya en la reunión mantenida el pasado viernes el concejal de Economía y Hacienda amenazó a las trabajadoras con la aplicación de sanciones. “El Gobierno local no duda en usar la represión y las sanciones a las auxiliares para defender a la empresa Óbolo”, censuran desde la central sindical, al tiempo que recuerdan que las propias empleadas recordaron que son profesionales responsables y que no dejaron una sola persona dependiente con necesidades básicas y esenciales sin atención. “Nadie como ellas conoce la situación de las personas usuarias del servicio, y saben perfectamente que son soporte de la vida de algún vecino que vive solo”. En este sentido, las trabajadoras agradecen el apoyo de las familias que a pesar de no estar contando con su atención por la huelga “entienden la situación y tienen claro que se trata por una causa justa”.
A pesar de esto la amenaza del concejal se materializó con la apertura de ocho expedientes, por lo que lamentan que el Concello siga alineado con la empresa, “esta vez usando la represión, en contra de los derechos de sus vecinas”. A pesar de que se trata de una compañía que acumula hasta ocho faltas muy graves en el cumplimiento del contrato, que no aportó siquiera el material necesario para el trabajo, que vulnera la normativa laboral básica en registro, descansos, salud laboral y que incluso mantiene deudas salariales con las trabajadoras.
Por otra parte, las afectadas responsabilizan al Gobierno local de la dilatación de un conflicto que debería estar solucionado desde hace meses con la inmediata rescisión del contrato. “Las trabajadoras no entienden la doble vara de medir del Concello: contundente en la apertura de expedientes contra las auxiliares y condescendiente con una empresa cuyos responsables ni pisaron Ponteareas desde que asumieron el servicio”.
Y critican que tras 12 días de huelga el Concello siga permitiendo que la empresa no se siente a negociar con las trabajadoras y no presente la documentación que hace un mes tenía que presentar. “Es increíble que se le sigan dando plazos para justificarse y que el propio Gobierno local, en un acto de dudosa legalidad, esté suministrando de material el servicio, que esté ofreciendo la entrega de teléfonos y móviles por parte del ayuntamiento y que pusiera un técnico municipal a servicio de la empresa para revisar las nóminas”.
Por lo que consideran que estas actuaciones “nos llevan a la conclusión de que el Concello de Ponteareas quiere mantener a toda costa este contrato en vigor, incluso vulnerando la legislación en materia de contratación pública”. Y señalan que lo hacen porque saben que el precio con el que licitaron este año el servicio (19,90 euros/hora) está muy por debajo del precio de mercado (las licitaciones mínimas en el 2025 están en los 23 euros).
“No importa lo que tengan que llevar por delante, no importa la precariedad a la que condenan a las trabajadoras de un servicio público ni el riesgo al que están sometidas, la cuestión es el precio. Así valora la vida de las mujeres y el trabajo de cuidados el Gobierno del PP”, critican.
Con todo, quieren dejar muy claro que la determinación de las trabajadoras “es clara y contundente”: no van a abandonar la huelga entretanto Óbolo no abandone el servicio. “Así lo harán con todas y cada una de las empresas que vengan a la contratación pública a facturar y a obtener beneficios a cuenta de la precariedad, de su trabajo y de su salud”, finalizan.
