La CIG empezó esta mañana la campaña “Por unha Galiza con dereitos, traballo digno e igualdade” para demandar medidas urgentes ante la grave situación que atraviesa el país y la clase trabajadora que sean recogidas en los Presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026. Cientos de delegados y delegadas sindicales participaron en las asambleas comarcales celebradas en las siete ciudades y en las movilizaciones desarrolladas en las distintas sedes del Gobierno autonómico. En el marco de esta campaña la central tiene convocada también una manifestación nacional en Compostela el próximo 10 de diciembre.
Durante las asambleas se abordó también la jornada de paro general de cuatro horas por turno de trabajo promovida por la CIG el próximo miércoles día 15 para reclamar el fin del genocidio y de la ocupación ilegal de Palestina, demandar el cese de toda relación diplomática, económica y militar con el Estado sionista de Israel y defender el derecho de autodeterminación del pueblo palestino “desde el río hasta el mar”. Y se hizo un llamamiento a visibilizar el rechazo de la clase trabajadora al genocidio participando en las movilizaciones que tendrán lugar ese mismo día por la mañana delante de los centros de trabajo y por la tarde en las ciudades y en las villas.
Ya en lo que tiene que ver con la campaña puesta en marcha hoy bajo lema “Por unha Galiza con dereitos, traballo digno e igualdade”, el secretario general de la CIG, Paulo Carril, que participó en la asamblea de Vigo y en la manifestación posterior por las calles de la ciudad, hizo hincapié en que la gravedad de la situación económica actual y de pérdida de derechos laborales es consecuencia de las políticas “letales” para la sociedad gallega que el Gobierno del PP en la Xunta está aplicando, “poniendo todo lo público a disposición del negocio y de la rentabilidad del capital y de los fondos de inversión, imponiendo un modelo de turismo desordenado y descontrolado y la eucaliptización del país, mientras agonizan importantes sectores productivos y se ahonda en un modelo que consolida la histórica generación de graves desequilibrios territoriales, sociales y ambientales”.
Por eso, explicó que la campaña pivota sobre seis grandes actuaciones urgentes: la aprobación de un Plan gallego de creación de trabajo digno e industrialización, haciendo real una transición energética justa. Una verdadera política industrial pública que complete los ciclos productivos en el propio país; con la creación de un Banco Público Gallego y con una apuesta decidida por un trabajo digno y con derechos, garantizando además en la FP dual y en los contratos formativos la obligación de contrato laboral y una retribución por el tiempo de trabajo, que será del 100% de la fijada en el convenio correspondiente.
La recuperación, ampliación y fortalecimiento de los servicios públicos, que priorice el bienestar colectivo frente a los intereses del capital, nombradamente la sanidad y la enseñanza públicos. Esto junto a la exigencia de que la Xunta de Galicia no suscriba Convenio con las Mutuas para la gestión de determinadas patologías, porque favorece la descapitalización de lo público en favor de las empresas privadas. Un sistema público gallego de servicios de atención a las personas y la creación de un parque de viviendas dignas públicas y de un Banco Gallego de vivienda para alquiler social, junto con la prohibición de los desahucios.
Un Plan Gallego de Igualdad que rompa con la actual dinámica del Gobierno de la Xunta, en el que tienen que participar, en su elaboración, todos los agentes sociales y políticos, garantizando la inversión pública y la dotación de personal necesaria para atender la problemática de la violencia contra las mujeres, comenzando por darle el peso político que merece.
La CIG reclama, además, la apertura de un proceso que supere el actual Estatuto de Autonomía para que se reconozcan los derechos nacionales de Galicia, porque “tenemos derecho a un desarrollo gallego propio, a decidir sobre nuestro modelo económico y social, disponer de un marco gallego de relaciones laborales”. Por eso, el Parlamento gallego “debe tener plenas competencias y de gestión en todas las materias y áreas”. Esto además de la necesidad de disponer de un sistema de financiación propia, “con un régimen de concierto económico” con el Estado y de una “profunda y justa reforma fiscal”.
Finalmente, Carril denunció el “seguidismo ciego” del presidente de la Xunta a las estrategias electoralistas de Feijóo y ultraderechistas de Madrid y a un proyecto de explotación colonial que mantiene la dependencia económica y política de Galicia al sistema español, negándose a tomar ninguna medida que permita un desarrollo gallego propio con el que frenar el aumento del empobrecimiento y las desigualdades de las clases populares, o la desertización social e industrial de muchas comarcas.
