La representación legal de las trabajadoras del SAF del Concello de Ponteareas denunció esta mañana ante la Inspección de Servicios Sociales de la Xunta los numerosos incumplimientos por parte de la concesionaria en materia de contratación, normativa laboral y derechos de las personas usuarias. Ayer, el Gobierno local optó por suspender el pleno municipal en el que estaba previsto que interviniera una representante del comité de huelga poniendo como excusa las protestas de las propias trabajadoras, que reclamaban tomar la palabra al inicio de la sesión y no en el punto 24º tal y como figuraba en el orden del día.
En el escrito remitido hoy al organismo dependiente de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Política Social se recogen una serie de incumplimientos de la normativa vigente en el SAF, como el hecho de que la propia oficina de Óbolo, la empresa concesionaria, no cuenta con el material necesario para la realización del servicio (falta de archivadores, folios, rotuladores, papel higiénico e incluso guantes para las auxiliares). “La instalación y el material tampoco garantiza la debida protección de las personas usuarias”, se señala.
En materia de recursos humanos, las irregularidades pasan por el hecho de que varias trabajadoras se incorporaron al servicio sin la preceptiva alta en la Seguridad Social, así como que no están documentados los contratos del personal de nueva contratación. Tampoco está contratado el servicio de fisioterapia ofertado ni se cuenta con empresa para el transporte de ayudas técnicas.
En cuanto a los derechos de las personas usuarias, no tienen a su disposición una copia del reglamento interno del servicio, no están documentados los protocolos sobre los procedimientos de intervención con el cuadro de horarios actualizado y las personas atendidas. Y en el registro de personas usuarias no figuran actualizados los datos de las auxiliares.
Al mismo tiempo, a pesar de que se lleva a cabo una visita al domicilio cuando se produce el alta, “no se emite el preceptivo informe de evaluación previa”. Y hace seis meses que no se realizan proyectos de atención individual de las personas usuarias. “Desde la adjudicación del servicio no se hace ninguna visita de seguimiento, por lo que se carece del informe preceptivo”.
Suspensión del pleno municipal
Finalmente, recuerdan que estos incumplimientos le fueron trasladados por escrito en dos ocasiones al Concello de Ponteareas el pasado mes de agosto, “sin que nos conste alguna actuación al respecto”. Por eso hoy decidieron presentar en el registro municipal tanto la denuncia remitida a la Inspección de Servicios Sociales como la intervención prevista en el pleno de ayer, al tiempo que continuaron con las concentraciones diarias delante del consistorio.
Una representación del comité de huelga pretendía hablar al inicio de la sesión -a lo que accedieron todos los grupos de la oposición- y no tener que esperar al punto 24º, que era donde figuraba en el orden del día. “Estaba claro que con todo lo que había no iba a dar tiempo y tendría que quedar para otro pleno”, denuncian desde la CIG.
En consecuencia, las trabajadoras mostraron su descontento con la decisión, optando el Gobierno local, con mayoría del PP, por suspender la sesión. En la intervención prevista, el comité de huelga pretendía enumerar los numerosos incumplimientos de la empresa y afearle al Concello que mire para otro lado a pesar de que la concesionaria está cometiendo fraude a la Seguridad Social, carece de registro de jornada, paga con retraso todos los meses y no aplica ninguna medida de prevención de riesgos, entre otras cosas.
“Lo que tenían que hacer era escucharnos, comprobar nuestras denuncias y después aplicar la normativa para defendernos a nosotros, las trabajadoras, a las personas usuarias y a los vecinos que pagamos los impuestos; pero lo que hicieron fue silenciarnos, convocar unos servicios mínimos abusivos e ilegales e insultarnos diciendo que estábamos manipuladas, que mentíamos, tratándonos como niños sin capacidad de negociación”, tal y como se recoge en el escrito registrado en el Concello.
También se denuncia que los responsables municipales se sentaran sin contar con el personal “con una empresa que no merece de credibilidad alguna, que no paga, que no pisó Ponteareas en seis meses y que está maltratando a sus trabajadoras y cometiendo un fraude a los vecinos de Ponteareas”. El resultado de estas conversaciones fue un acuerdo “filtrado a la prensa y que no va a solucionar el conflicto; ya que la única solución pasa por la rescisión del contrato con Óbolo y que el Concello asuma directamente la prestación del servicio”.
