La cuenta de facturas pendientes de pago del Concello de O Porriño queda a cero

El Concello de O Porriño alcanzó un hito histórico: ya no hay registro de ninguna factura pendiente de pago, lo que significa que la conocida cuenta 413, aquella que recoge todas las obligaciones derivadas de gastos realizados fuera del presupuesto, viene de quedar a cero por primera vez en la historia de este Concello, tras la gestión eficiente y eficaz del actual gobierno municipal encabezado por el alcalde Alejandro Lorenzo. “Este logro se confirma al recibir las últimas sentencias firmes que dan, una vez más, la razón al Concello y a nuestra labor fiscalizadora tanto cuando estábamos en la oposición como ahora”, explica el regidor. “Muchas de estas facturas habían sido conformadas por el anterior gobierno y previstas para su pago, pero presentaban servicios reiterados sin contrato ninguno. Las empresas reclamaron judicialmente el cobro y ahora los tribunales rechazaron sus pretensiones, determinando su devolución y avalando así la actuación del actual ejecutivo municipal”.

Las principales actuaciones llevadas a cabo por este gobierno municipal se centró en la depuración contable, el control económico y la defensa jurídica. “Fue un trabajo arduo, con revisión de cada una de las facturas, anulando aquellas irregulares, duplicadas o sin contrato; se devolvieron más de 2 millones de euros en facturas que no se correspondían con los precios de mercado o carecían de validez y que, por el contrario, el anterior gobierno tenía conformadas ya para su pago; y se obtuvieron múltiples sentencias firmes favorables, incluyendo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo, que evitaron pagos indebidos por importe de 853.648,86 euros”. En este sentido, los distintos procedimientos judiciales mostraron un patrón común: facturas emitidas sin contrato válido, ausencia de documentación acreditativa e incluso servicios facturados que nunca llegaron a prestarse.

La prioridad fue poner fin a las prácticas de contratación irregular que, durante años, habían provocado la acumulación de facturas pendientes de pago por un importe de casi 5,5 millones de euros, que fue con lo que se encontró el actual gobierno cuando accedió en diciembre de 2021. Así, desde entonces y hasta el día de hoy se llevó a cabo un proceso de regularización y control de la contratación administrativa que supuso una profunda transformación en la gestión económico-financiera, reforzando la legalidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. La evolución de la cuenta 413 muestra con claridad la gravedad del problema: la cifra más baja se registró a finales del año 2015, cuando el saldo era de tan sólo 33.623,77 euros, y a partir de ahí fue creciendo hasta su máximo histórico en 2021 con 5.496.979,19 euros. Ya después de un año de gobierno de Alejandro Lorenzo la cifra descendió a 3,1 millones, en 2023 bajó drásticamente a 283.453,35 euros, el pasado año quedó en 33.680,97 euros y finalmente, en los últimos meses se alcanzó el objetivo marcado dejando la cuenta con un saldo de 0 euros.

La única deuda vigente del Concello de O Porriño es la correspondiente al préstamo estatal, de casi tres millones de euros, destinado al pago de facturas heredadas, sin contrato y anteriores a 2022, “un préstamo establecido de manera obligatoria por el Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores”.

Máxima transparencia

El Concello de O Porriño garantiza la máxima transparencia en su gestión económica y contractual. “Todo lo que se contrata se publica íntegramente y actualizada en la plataforma de contratación, accesible desde el portal transparencia municipal, a través de la sede electrónica del Concello, para que cualquier ciudadano pueda consultar la información en tiempo real”, explica al alcalde al tiempo que puntualiza en que “esto hasta el año 2022 era inviable, ya que la mayoría de los servicios u obras carecían de contrato alguno. Con el nuevo modelo implantando, se asegura el control público de los recursos, se refuerza la confianza vecinal y se cumple con los principios de publicidad, igualdad y legalidad en la contratación administrativa”.