La CIG va a convocar una jornada de huelga en todos los servicios de ayuda en el hogar de Galicia para el miércoles 13 de agosto en respuesta al asesinato de la trabajadora de O Porriño, en solidaridad con su familia y para exigir medidas que garanticen la protección efectiva de las trabajadoras de este sector. La convocatoria, que se formalizará a lo largo de esta mañana, afectará al conjunto de los servicios de atención en el hogar.
Esta medida de presión se suma a la jornada de concentraciones convocada por la central sindical para mañana, viernes 1 de agosto, a las 12:00 horas, delante de los ayuntamientos, en repulsa al feminicidio de Teresa de Jesús González y en demanda de unas condiciones laborales dignas y seguras.
Ambas movilizaciones se encuadran en las acciones urgentes acordadas por la CIG en respuesta al asesinato de la compañera del SAF mientras realizaba su trabajo en un domicilio. “Un hecho intolerable que evidencia la total precariedad de este colectivo y que debe suponer un antes y un después en las condiciones en que se presta este servicio público esencial. El clamor social por la muerte de Teresa debe servir para avanzar en las demandas que la CIG y las trabajadoras llevan años reivindicando sin recibir respuesta”.
En este contexto, la CIG remitió, en la mañana de ayer, un escrito dirigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la conselleira de Política Social, Fabiola García, y a la FEGAMP demandándoles la convocatoria inmediata de una reunión conjunta con las organizaciones sindicales más representativas del SAF, la patronal del sector y con presencia de la Inspección de Trabajo, con el objetivo de dar solución a la falta de seguridad, acordar un plan de prevención de riesgos y un protocolo de actuación ante el acoso y las agresiones de obligado cumplimiento en todos los servicios de atención en el hogar de Galicia.
“Pasadas 48 horas del asesinato de Teresa, la Xunta de Galicia aun no reaccionó”, critica el secretario general de la CIG, Paulo Carril. Advierte que el tiempo que demora el Gobierno gallego convocar esta reunión para buscar soluciones “es tiempo en el que la Xunta está eludiendo sus responsabilidades, convirtiéndose en cómplice del riesgo grave e inminente al que están expuestas las trabajadoras del SAF”.
Recuerda que la responsabilidad del servicio público de atención en el domicilio le corresponde a la administración autonómica, que transfirió a los ayuntamientos su prestación y que es objeto de una brutal privatización. De hecho, subraya Carril, la competencia inspectora en el sector la ejerce la Consellaría de Política Social que es el departamento que debe fijar los protocolos de actuación y una prevención de riesgos común y de obligado cumplimiento para todos los servicios.
“La responsabilidad máxima y última sobre este servicio esencial sigue siendo de la Xunta de Galicia, que tiene la última palabra en la decisión de suspender la ayuda en el hogar a una persona usuaria”, asevera.
En este sentido, el secretario general apunta que la CIG sigue también a la espera de que el Concello de O Porriño actúe y proceda a la suspensión cautelar del servicio a la actual concesionaria, mientras no se garanticen la seguridad y la integridad de las trabajadoras.
Por otro lado, recordar que la CIG presentó denuncia en la Inspección de Trabajo con esta petición y solicitando que se investigue la falta de evaluación de riesgos y de medidas de seguridad de la empresa concesionaria del SAF de O Porriño.
