El BNG de O Porriño se sumó a las concentraciones para solidarizarse con Teresa, trabajadora del SAF en este ayuntamiento, a quien mataron brutalmente el pasado martes mientras estaba prestando sus servicios en un domicilio. El SAF es un servicio del sistema público de atención a la dependencia, competencia de la Xunta de Galicia, que se gestiona desde los ayuntamientos “y que, como toda la sanidad pública, está sufriendo un importante desmantelamiento”. “La Xunta de Galicia en los últimos dos meses recortó 17 millones de euros de este servicio debilitando así la red pública de residencias y centros de día y perpetuando un modelo asistencialista y privatizador. Esto repercute en la carga económica que tienen que soportar los ayuntamientos para atender a las personas sin contar, en muchos casos, con los recursos suficientes para hacerlo”.
La manera de resolverlo suele ser la contratación de una empresa externa y privatizar un servicio público fundamental, que se empobrece para permitir el beneficio de la empresa. Las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, del SAF vienen denunciando reiteradamente su precarización laboral y salarial, y denuncian diariamente situaciones de peligro y desprotección que no son atendidas con la sensibilidad y diligencia que requieren.
El SAF en O Porriño se está prestando a través de la empresa Aralia, pero el ayuntamiento es el responsable del seguimiento de las incidencias que las auxiliares reportan a la empresa. La información que la trabajadora le advirtió a la empresa de que no se estaban dando las condiciones para desarrollar su puesto de trabajo con garantías no fue suficiente para tomar medidas y evitar el desenlace fatal. Desde el BNG le piden al gobierno de Alejandro Lorenzo una comisión de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, además de exigirle a la Xunta de Galicia la creación de un protocolo de actuación consensuado con las trabajadoras, sindicatos y agentes políticos para mejorar la protección de las trabajadoras.
“La precariedad del trabajo de los cuidados es violencia machista y la muerte de Teresa es violencia institucional por haber dejado en riesgo la vida de una trabajadora que con responsabilidad comunicó una incidencia que fue tratada de manera negligente. El BNG se suma a los colectivos y personas que quieren que esta muerte no sea inútil. Se sabe que pudo ser evitable, si hubiera una atención a las denuncias hechas por la trabajadora, pero es tarea de las instituciones poner los medios para que no vuelva a suceder algo similar. Las acciones legales contra personas físicas concretas que anunció Alejandro Lorenzo no van a solucionar nada, pues el error es sistémico. La solución está en hacer las administraciones su trabajo y protocolizar la protección de las trabajadoras”, concluyen.
