Pensionistas y jubilados de la CIG se concentraron esta mañana delante de los ayuntamientos de Arteixo, Narón, Teo, Monforte, O Carballiño, Vilagarcía y Ponteareas para reclamar la gestión pública directa del Servicio de Ayuda en el Hogar por parte de la Xunta de Galicia. Un SAF dotado con presupuestos y personal suficiente que permita atender la enorme demanda que tiene este servicio; que responda a las necesidades de apoyo que tienen las personas dependientes y sus familias y en el que se garanticen unas condiciones laborales y salariales dignas al personal.
El Colectivo de Personas Jubiladas y Pensionistas de la CIG viene denunciando desde hace tiempo las graves carencias existentes en dependencia y atención a personas mayores. Carencias entre las que destacan un tiempo de espera de más de un año desde la solicitud de dependencia hasta que se tiene la resolución de la prestación o que, además, la espera puede ser todavía mayor desde la resolución hasta que se tiene la prestación, en caso alguno incluso años.
Pero además de todas estas cuestiones, el Colectivo entiende que hay una grave situación urgente que abordar: el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Subrayan que en Galicia, por nuestra cultura y forma de ser apegada a la tierra, preferimos vivir el máximo tiempo posible en nuestra casa y solo acudir a un centro asistencial cuando no queda más remedio. “Pero para esto se precisa un Servicio de Ayuda en el Hogar adecuado, dotado con personal suficiente y que suponga el necesario apoyo para las personas dependientes y sus familias”.
Competencia de la Xunta
Entienden que el Servicio de Ayuda en el Hogar no puede cumplir esa función adecuadamente en la situación actual. Denuncian, a este respecto, que es un servicio cuya competencia la Xunta la hizo recaer en los ayuntamientos y con una financiación insuficiente. “De ahí que haya múltiples modelos de gestión, la mayor parte de ellos en manos privadas, que suponen grandes problemas en la prestación de la atención”, explican.
Denuncian que los SAF, en la actualidad, cuentan con personal insuficiente, lo que hace que haya una importante sobrecarga que “redunda negativamente en las personas usuarias, que ven mermada la atención que se les presta, y en las trabajadoras (en su inmensa mayoría mujeres), que soportan el peso de asumir muchas tareas en poco tiempo”, advierten.
Señalan que, además, este personal no está justamente retribuido, ni con las condiciones laborales adecuadas, dado el trabajo que hacen. “Se trata de administrar cuidados, una tarea ya de por sí poco valorada, pero que supone una enorme responsabilidad, importantes esfuerzos físicos y emocionales e incluso grandes riesgos para la salud. Y todo esto no se ve compensado, dado que tienen un salario de los más bajos del mercado laboral”.
Cambios necesarios
Por eso el colectivo entiende que son necesarios cambios en las políticas de atención a la dependencia, y que se pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar una atención adecuada a través de una red pública de recursos, con un acceso equitativo, de manera que todas las gallegas y gallegos vean cumplido su derecho a una vida digna cuando sus circunstancias les impiden poder hacerlo autónomamente.
De este modo, exigen la puesta en marcha de un Sistema Público Gallego de Servicios de Atención a las Personas, que gestione todos los recursos públicos, incluyendo el Servicio de Ayuda en el Hogar. Consideran, además, que este Servicio debe ser gestionado directamente por la Xunta de Galicia, que no puede derivar esa competencia a los ayuntamientos, que ya de por sí tienen grandes dificultades para poder prestar esta atención adecuadamente, y a los que se traslada esta prestación sin una financiación adecuada.
La CIG sigue demandando la creación de un Sistema Público Gallego de Servicios de Atención a las Personas que gestione todos los recursos públicos, incluido el SAF, “para que las personas dependientes puedan tener cubiertas sus necesidades en condiciones dignas y de justicia social”.
