La CIG retomó hoy las movilizaciones de la campaña en defensa del sector gallego de la automoción ante la pasividad de la Xunta a la hora de dar respuesta a las graves amenazas que enfrenta una industria estratégica para el país y de la que dependen millares de empleos en las comarcas de Vigo, Pontevedra y Ourense. Precisamente delegados/as y trabajadores/as llegados/as de estas tres localidades participaron en la manifestación que recorrió las cercanías de la fábrica de Stellantis para denunciar también la falta de inversiones de la trasnacional francesa de cara a la fabricación de nuevos modelos de automóvil.
La marcha a pie, en la que estuvieron representadas con pancartas las principales compañías del sector, arrancó de la puerta principal de Stellantis pasadas las 11:00 horas y recorrió la Avenida de Balaídos entre la rotonda de Portanet y la de Navia. Al final de la movilización, otra vez ante las instalaciones de Stellantis, representantes de la CIG en los distintos comités de empresa dieron lectura a un manifiesto en el que se desgranaban las principales problemáticas que padece la automoción y se recogían las propuestas de la central sindical para garantizar una industria del automóvil fuerte que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo.
En concreto, se denunció que el “futuro incierto” para el sector es consecuencia de la falta de una política industrial de país por parte de la Xunta y de la ausencia de inversiones por parte de Stellantis de cara a la fabricación de nuevos modelos. “Ni las personas trabajadoras de la empresa principal ni las de las auxiliares sabemos a día de hoy el plan industrial que se va a aplicar en los próximos años, porque en estos momentos se está fabricando el mínimo de vehículos eléctricos exigidos para poder mantener las ayudas y los proyectos, y si no fabricamos nuevos modelos de vehículos eléctricos el sector gallego del automóvil desaparece”.
En cuanto el papel que está jugando la Xunta, se censuró que la Administración autonómica vaya por detrás de las iniciativas que está tomando la CIG, hasta el punto de que el Gobierno gallego declaró a comienzos de año el sector como estratégico, “curiosamente después de la campaña de protestas desarrollada por la central sindical a finales de 2023 y a pesar de que tienen plenas competencias en política industrial desde hace años”. Posteriormente, y de nuevo poco después de que la CIG se movilizara, presentó el anteproyecto del plan director del sector de la automoción. “Desarrollamos una concentración delante de la Xunta en Vigo el 10 de julio, donde entregamos nuestras propuestas para la industria del automóvil, y nueve días después el Gobierno gallego nos comunica que inicia el proceso para elaborar el plan director y nos invitan a hacer aportaciones o consideraciones para incorporar al anteproyecto”.
Banco de pruebas
Por otra parte, en el manifiesto se señaló también el hecho de que las compañías estén utilizando la industria gallega del automóvil como “banco de pruebas” para ensayar nuevas fórmulas de ahorro de costes en mano de obra y de optimización de recursos para tirar los máximos beneficios, “lo que se traduce en mayor precariedad, pérdida de derechos y destrucción de empleo”.
Y se criticó que esto no parece preocupar a nadie: las empresas de componentes y auxiliares de automoción “callan y otorgan”; Ayuntamientos como los de Vigo, y la misma Zona Franca, “están mudos”; y la Xunta, sin una política industrial definida para el sector, “es una administración que sigue jugando un papel irrelevante, siendo únicamente correa de transmisión de Stellantis”.
Como consecuencia, el sector se encuentra en un proceso imparable de precarización laboral: casi todas las empresas tienen ERTE abusivos; la desregulación de las jornadas son constantes con cambios semanales que impiden la conciliación; siguen obligando a trabajar noches, fines de semana y festivos, para luego mandar a la gente para casa tres días durante la semana; ya no se disfrutan las vacaciones en períodos continuados; la contratación irregular abusiva por medio de ETT, centros especiales de empleo y empresas multiservicios, así como los bajos salarios, son una constante.
“Y aun así siguen teniendo ayudas públicas para pagar el ajuste de los cuadros de personal, las prestaciones de desempleo y la precariedad. Mientras la Inspección de Trabajo mira para otro lado, y las Consellerías de la Xunta no están ni se les esperan”.
Se hizo hincapié también en el hecho de que no se registró la instalación de ninguna empresa nueva de componentes en Galicia desde que se puso en marcha el proceso de descarbonización en 2008 y se anunció la prohibición de fabricar coches de combustión a partir del 2030.
“Ni la fábrica china que se había anunciado para Vigo, ni la de baterías que iba a venir después, ninguno de estos proyectos salieron adelante, mientras vemos cómo se están reforzando los polos industriales del norte de Portugal, Aragón, Valencia, Euskadi, o incluso en el continente africano”.
Por eso se le demanda al Gobierno gallego que active un plan de atracción de las plantas de fabricación de nuevos componentes de los coches eléctricos (microchips), ya que la mayor digitalización de los vehículos no hace más que incrementar la dependencia de este tipo de componentes, por lo que la implantación de una fábrica de estas características al lado de la planta principal “sería una gran apuesta de futuro para la automoción en Galicia”.
Pero en estos años solo se consiguió deslocalizar empresas y abaratar costes a costa de “exprimir” cada vez más el cuadro de personal de Stellantis y de las empresas de componentes.
Por lo que consideran que la Xunta no puede seguir jugando un papel irrelevante en una industria estratégica para Galicia, “por lo que se hace imprescindible una política industrial que garantice la supervivencia de un sector tan importante para la generación de empleo y para la economía gallega”.
