La CIG-Servizos realizó este jueves cuatro movilizaciones simultáneas en A Coruña, Vigo, Ourense y Monforte delante de otros tantos supermercados de Mercadona. Las protestas se desarrollan coincidiendo con la celebración en la Audiencia Nacional en Madrid del juicio de impugnación del convenio colectivo de Mercadona, tras la denuncia presentada por la CIG.
“A pesar de toda la propaganda, el convenio colectivo de Mercadona no es la maravilla que nos quieren vender”, advierte Transi Fernández, secretaria nacional de la CIG-Servizos, quien apunta que el articulado contiene varios puntos que “a nuestro entender son ilegales”. En concreto, se impugnan el artículo 21.h, que le permite a la empresa aplazar el permiso parental a su arbitrio; el artículo 31, que regula la reducción de la prima por objetivos en situaciones de enfermedad común; y el artículo 44, que atribuye al comité intercentros funciones correspondientes a otros órganos.
El juicio quedó visto para sentencia y en el decurso de este la propia Fiscalía manifestó sus dudas a respecto de la legalidad del artículo referido a la minoración de la prima anual.
Mercadona quiere excluir a la CIG de las negociaciones
Fernández recuerda que el convenio colectivo de Mercadona, de ámbito estatal, fue firmado el pasado diciembre por la empresa y las centrales sindicales UGT, CCOO y SI y tiene vigencia de 2024 a 2028. La CIG y el sindicato vasco ELA también forman parte de la mesa negociadora “pero no ratificamos el texto porque empeora las condiciones laborales y salariales ya reconocidas en convenios anteriores y además ahonda en la centralización de las relaciones laborales”.
Excluir de la negociación colectiva a aquellas organizaciones sindicales que, como la CIG, le resultan molestas a la empresa por defender y reivindicar los derechos de las trabajadoras y trabajadores es precisamente el objetivo del artículo 44. “Se atribuye al comité intercentros la capacidad de negociar el próximo convenio. Esto significa que se constituirá un órgano con 13 personas, la mayoría de CCOO y UGT, y se dejará fuera a sindicatos como la CIG o ELA, aunque tengamos la mayoría de la representación en nuestros respectivos territorios”, apunta.
Hasta ahora, matiza Fernández, el convenio se negocia en Valencia a través de una comisión conformada en función de la representatividad de cada sindicato.
Conciliación y cobro de la prima
Sobre los otros dos puntos impugnados, la secretaria de la CIG-Servizos advierte que ayudan a reforzar la política anti-conciliación de Mercadona y la persecución y acoso al personal que cae de baja. Dos cuestiones que en los últimos tiempos le han acarreado a la empresa numerosas sentencias condenatorias.
En lo relativo al permiso parental, se le da a Mercadona la facultad de aplazar las solicitudes de manera discrecional al no definirse los supuestos concretos en los que es posible este aplazamiento. “La inseguridad jurídica que deliberadamente se crea por el convenio, destaca, afecta de manera especial a las mujeres, que son la mayoría del cuadro de personal y quien de manera mayoritaria ejerce los derechos de conciliación”.
Sobre el cobro de la prima, que se reduzca la cuantía de esta durante las situaciones de baja por contingencias comunes constituye para Fernández una clara discriminación por razón de enfermedad. “Mercadona utiliza la prima anual como un mecanismo de castigo/premio y tal y como está redactado este artículo, aun le resulta más fácil penalizar económicamente a las trabajadoras y trabajadores por el simple hecho de estar enfermas”.
Persecución y represión
A esto se suman otras problemáticas como la elevada temporalidad y el incremento de la contratación a tiempo parcial, que afecta mayormente a las mujeres; o los abusos laborales, las faltas de respeto y las amenazas que sufre el personal día a día en los centros de trabajo.
Por otro lado, la secretaria nacional de la federación de Servicios denuncia la política de represión y persecución que Mercadona ejerce sobre las delegadas y delegados imponiéndoles sanciones y amonestaciones injustas, en un evidente intento de evitar que ejerzan su labor sindical.
Este maltrato se intensificó desde las últimas elecciones, en las que la CIG revalidó su mayoría en el comité de A Coruña e irrumpió con fuerza en los comités provinciales de Pontevedra y Ourense, siendo la central más votada.
