Deslocalización, explotación, precarización, reconversión. Estas son las principales amenazas que enfrenta el sector gallego del automóvil, y que la CIG escenificó hoy delante del Ayuntamiento de Vigo con una concentración en la que representantes de la central sindical en más de 20 empresas de la industria de la automoción desplegaron fajas y expresaron sus problemáticas concretas.
En la movilización, que hace parte de la campaña que la CIG-Industria está desarrollando en defensa del sector, participaron delegados/as y trabajadores/as tanto de la empresa principal, Stellantis, como de las compañías auxiliares de las comarcas de Vigo, Pontevedra y Ourense, en las que se concentran la mayoría de los puestos de trabajo del sector.
Durante el acto intervinieron distintos representantes sindicales para alertar de la situación de creciente precariedad laboral y de falta de carga de trabajo que padecen en sus empresas y denunciar la política de ERTE indiscriminados que se instaló desde la pandemia. En este sentido, el secretario nacional de la CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas Aboi, que tomó la palabra al final, denunció que cada año que pasa aumenta el número de días que los cuadros de personal permanecen en el desempleo.
“El modelo que están validando el Ejecutivo central, la Xunta y el Gobierno local con su apoyo explícito a los planes de Stellantis supone sufragar con dinero público las paradas impuestas por la empresa principal, tener empleos cada más precarios para abaratar costes, desregular la jornada y los turnos, trabajar en festivos y quedar en casa los días laborables, etc”.
El responsable sindical advirtió también que la “profunda transformación” del sector que anunciada por el nuevo director de Stellantis pasa por la deslocalización de la producción a países como Portugal, Marruecos, Turquía, Argelia o Polonia y por un proceso de reconversión “que todas las personas trabajadoras sabemos lo que significa después de lo sucedido con el sector naval gallego”.
Todo esto en un contexto en que las empresas, sobre todo la principal, están recibiendo ingentes subvenciones públicas y tienen pendientes otras como los PERTE, “sin que eso signifique garantía alguna para el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales, o ni siquiera para que los proyectos se desarrollen en territorio gallego”. De hecho, Stellantis obtuvo 18.600 millones de euros de beneficios en 2023 y su CEO tiene un sueldo de 36 millones. “El mismo que insiste en la necesidad de reducir costes de fabricación, lo que se traducirá en más recortes salariales para los cuadros de personal y para las empresas de componentes, y que apuesta porque los servicios que fueron externalizados se asuman ahora internamente a través de ETT y de centros especiales de empleo”.
Al mismo tiempo, Bouzas Aboi censuró la complicidad de la Xunta con una empresa “que no hace más que amenazar a las Administraciones públicas con un proceso de reconversión del sector si no recibe subvenciones” y la inacción de la Inspección de Trabajo ante las constantes denuncias por incumplimientos y abusos laborales.
“En consecuencia, no nos queda más que continuar con las movilizaciones, con la confrontación y con la lucha en la defensa del sector, del empleo y de unas condiciones laborales dignas, porque nosotros sí que creemos en la industria gallega de la automoción, aunque no a cualquier precio”.
