Alcaldes y alcaldesas de 13 ayuntamientos urgen a la Xunta que declare la zona de Emergencia por las inundaciones

Alcaldesas y alcaldes de trece ayuntamientos del sur de la provincia de Pontevedra afectados por las inundaciones sufridas la pasada Navidad y Año Nuevo urgen a la Xunta de Galicia que declare el territorio como Zona de Emergencia de Protección Civil y establezca medidas de apoyo económico para asumir la rehabilitación de los municipios. Justo cuando se cumple un mes de esta catástrofe, las regidoras y regidores de A Cañiza, As Neves, Mondariz, Ponteareas, Salceda de Caselas, Tui, O Rosal, Tomiño, A Guarda, Baiona, Nigrán, Gondomar y Redondela enviaron una carta conjunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostrando su malestar “por una inexistente gestión por parte del ejecutivo autonómico” ante las graves inundaciones sufridas.

Una “situación extrema para los ayuntamientos afectados y sus vecinos”, ya que la reparación del importante número de daños ocasionados en instalaciones, carreteras, muros… municipales está provocando un gasto extraordinario y urgente de atender, también para la población, puesto que temporales y lluvias inundaron numerosas propiedades privadas individuales o de comunidades vecinales e instalaciones de pequeñas y medianas empresas.

Tras el elevado balance de estragos, los ayuntamientos afectados solicitan también a la Xunta una partida presupuestaria extraordinaria dada la excepcionalidad de los daños en estas comarcas, como el Plan Complementario de Ayudas que se comprometió a habilitar la Diputación de Pontevedra en cuanto la administración autonómica aplique la Ley de Emergencias y declare la Emergencia de Interés Gallego en los municipios afectados. La puesta en marcha de esta partida excepcional por parte de la Xunta no solo permitiría a los ayuntamientos afectados afrontar los daños, “sino que beneficiaría también a millares de vecinos y vecinas que tienen que recomponer sus viviendas y propiedades tras los estragos por la fuerza inusual del agua y a personas autónomas y muchas pequeñas y medianas empresas que vieron dañadas sus instalaciones, algo especialmente preocupante en un territorio con una alta actividad agraria”.

Las 13 alcaldesas y alcaldes lamentan que, después de 30 días, ningún representante de la Xunta de Galicia visitó la zona para conocer la realidad ni hizo ningún tipo de contacto para interesarse por los daños sufridos ni por la integridad física de las personas afectadas en las zonas inundadas, “evidenciando una gran falta de interés y empatía” por los vecinos de unos ayuntamientos que aglutinan alrededor del 20% de los habitantes de toda la provincia de Pontevedra.