Baiona, Gondomar y Nigrán firman la “Declaración de Pontevedra” para fomentar el gallego

La Diputación de Pontevedra, la Hermandad Jurídica Gallega y la Xunta de Galicia, junto a 35 pequeños ayuntamientos de la provincia, firmaron hoy la “Declaración de Pontevedra”, un manifiesto en el que se comprometieron a fomentar el uso del gallego en las relaciones entre las corporaciones locales y la justicia. Según subrayaron la presidenta Carmela Silva y la diputada de Lengua María Ortega, este compromiso supone “un hecho histórico” en la normalización del idioma del país, ya que en estos momentos la lengua gallega queda aún relegada en el uso judicial por cuestiones históricas.

El manifiesto establece como objetivo normalizar el gallego como lengua del derecho y de las relaciones y procesos en los que intervengan los ayuntamientos, así como el compromiso de que las y los representantes municipales (mediante asesorías propias o externalizadas) soliciten a la justicia que las resoluciones les sean notificadas en el idioma de Galicia. En el texto también se recoge que, de aquí en adelante, las contrataciones de asesorías jurídicas externas por parte de los ayuntamientos deberán incluir una cláusula para que las actuaciones procesales que se realicen en nombre de cada una de las corporaciones locales firmantes de la “Declaración de Pontevedra” sean en lengua gallega.

En el acto, en el que también se conmemoró el 50 aniversario del I Congreso del Derecho Gallego, fueron anfitrionas la presidenta de la Diputación Carmela Silva y la diputada de Lengua María Ortega, que estuvieron acompañadas del secretario general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia Valentín García, y del presidente de la Hermandad Jurídica Gallega, Xaquín Monteagudo, junto a representantes de 35 ayuntamientos. Como ponentes hablaron la magistrada Ana Filgueira Paz, la representante de la Hermandad y de la FEGAMP Patricia Vilán, la abogada Ana Mosquera, y el responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pontevedra, Xavier Munaiz, municipio que ya realiza todos sus trámites jurídicos en gallego. Asistieron gran número de magistradas y magistrados entre los que se pudieron reconocer Ramón Villares o Xesús Palmou, entre otros.

La presidenta de la Diputación Carmela Silva quiso destacar que el acto por la galleguización jurídica de los ayuntamientos realizado hoy en la Diputación “es imprescindible” para hablar de la situación de la lengua, ya que “es el entramado del país y sin ella difícilmente se puede construir un pueblo y su pensamiento”. Subrayó que el gallego es “prestigioso por sí mismo” y que “si lo usamos en los lugares en los que reside el poder del pueblo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, le trasladamos a la ciudadanía que es una lengua que hay que defender”.

Por su parte, la diputada de Lengua María Ortega insistió en que el de la justicia es un ámbito en el que aún es preciso dar muchos pasos adelante, por eso agradeció la sensibilidad de todas y todos los representantes del mundo local que hoy firmaron la “Declaración de Pontevedra” para fomentar el uso del gallego. “Hay que romper con esta situación y mover los marcos de la lengua, remediar las inercias del pasado y juntar sinergias entre todas las administraciones para alcanzar una mayor unidad de acción en la defensa del gallego”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de Política Lingüística Valentín García destacó que las administraciones locales asumieron históricamente de manera rápida el uso del gallego en su funcionamiento y como lengua de proximidad. Reconoció que queda mucho por hacer en la justicia y destacó la necesidad de desarrollar herramientas informáticas y de trabajo para las personas del ámbito judicial. “Alguien debe tener la iniciativa –de fomentar el uso en la justicia- y poner el tema sobre la mesa. Si es inducido por alguien con responsabilidades administrativas, mejor. Desde la Xunta siempre van a tener nuestra colaboración. Poner recomendaciones del uso del gallego en los pliegos de los ayuntamientos para contratar asesorías no cuesta, no es más caro ni va a levantar ‘sarpulllido’”, subrayó.

Finalmente en la parte institucional, el presidente de la Hermandad Jurídica Gallega, Xaquín Monteagudo, hizo un recorrido por las conquistas del gallego en el mundo jurídico y administrativo, recordando que su uso en la política hizo que ganara prestigio social. Subrayó que los ayuntamientos tienen un papel primordial frente a la resistencia de que el gallego se use en el mundo jurídico porque “buena parte de los procesos que se ventilan” son locales. “Tenemos que conseguir que las asesorías internas o externas usen el gallego y den un paso adelante”, destacó, asegurando que la lengua gallega no será recibida en un “ambiente hostil ni discriminatorio” ya que solo de la Hermandad Jurídica Gallega hay 300 profesionales que utilizan el gallego. “Galicia es un país en construcción y el gallego es el hormigón armado para construir el país. Por eso tenemos que cuidarlo, finalizó”.

La magistratura y el gallego

En la parte de la magistratura, para hablar de la necesidad de los ayuntamientos de normalizar el gallego, tomó la palabra la magistrada Paz Filgueira, quien destacó que “el gallego no es una lengua minoritaria, sino minorizada” que debe avanzar en las instituciones, que según dijo “tienen una deuda histórica”. Destacó que el problema de la lengua gallega fue su caída en la diglosia que perpetuó la idea de que la lengua centralista ostentaba un poder superior frente a un supuesto bajo estatus y tratamiento peyorativo para la lengua nacional de Galicia. “Esa diglosia no debe existir. No hay lenguas de primera y de segunda”, subrayó.

Patricia Vilán, por su parte, aseguró en modo de abogada e integrante de la FEGAMP la necesidad de no solo apostar desde los ayuntamientos por la galleguización del día a día, que a su entender ya está alcanzada, sino también en la relación de las corporaciones con los tribunales. Destacó que la “Declaración de Pontevedra” es un compromiso vinculante por el que manifestó su convencimiento de que “lo que venga a partir de ahora van a ser éxitos”.

La abogada Ana Mosquera, por su parte, preguntó al auditorio presente en el salón de plenos de la Diputación si lo que el pueblo gallego quiere es que su lengua sea un “objeto de Museo”, asegurando que las personas relacionadas con el mundo de la justicia que quieren hacer su trabajo en gallego deben pasar mucho más trabajo que los que no lo hacen, pues deben traducir formularios y no cuentan con las herramientas informáticas y las aplicaciones necesarias para desarrollarse con soltura. “No estamos a la misma altura y eso precisa implicación. La lengua es patrimonio de todos nosotros”, sentenció.

Ya por último, Xavier Munaiz, de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pontevedra, relató la experiencia en uno de los pocos ayuntamientos de la provincia que a día de hoy realizan todos sus expedientes, procesos y relaciones con la justicia en lengua gallega. “Me pidieron que contara nuestras vicisitudes en la asesoría y no hay nada que contar. Ante los juzgados las intervenciones orales, las vistas, los textos… son todos en gallego y sin inconvenientes”, destacó, destacando que los ayuntamientos pequeños que contratan asesorías externas “puede que estén mejor defendidos, pero no reparan en una circunstancia no menor: las asesorías que los representan están representando a una administración pública que debe fomentar el gallego”, insistió.

La jornada cerró con el descubrimiento de una placa en los jardines laterales del pazo provincial en conmemoración del 50 aniversario del I Congreso del Derecho Gallego y de recuerdo de la firma de la “Declaración de Pontevedra” en el día de hoy.

Ayuntamientos de todas las comarcas y signos políticos

Como representantes de los ayuntamientos asistieron y firmaron la “Declaración de Pontevedra” personas de todas las comarcas, sin distinción de signo político: el alcalde de Lalín Xosé Crespo, y la concejala de Silleda Ángela Troitiño en O Deza Tabeirós (por motivos de última hora no pudo asistir la representante de Forcarei, que rubricará el texto a posteriori); por la comarca de Caldas estuvieron el alcalde de Caldas Juan Manuel Rey y el vicealcalde de Portas Alfonso Reboredo, junto al de Valga (Cuntis firmará a posteriori); la alcaldesa de Meis Marta Guiráldez junto a concejales y concejalas de Vilagarcía, Cambados, Illa de Arousa y Sanxenxo por el Salnés; el alcalde de Barro Xosé Manuel Abraldes y el de Cerdedo-Cotobade Jorge Cubela, junto a concejalas de Ponte Caldelas y Poio de la comarca de Pontevedra; de la comarca del Morrazo estuvieron presentes la alcaldesa de Moaña Leticia Santos y el alcalde de Bueu Félix Juncal (firmará posteriormente el ayuntamiento de Cangas).

Del área de Vigo estuvieron la alcaldesa de Redondela Digna Rivas, la alcaldesa de Salceda Verónica Tourón, y los y las concejales de Soutomaior, Mos, y la teniente de alcalde de O Porriño Carolina González Costas; de la comarca del Val Miñor estuvieron representando a Nigrán la diputada Raquel Giráldez, el alcalde de Baiona Carlos Gómez y la concejala Iria Lamas de Gondomar. Del Baixo Miño acudieron la alcaldesa de O Rosal Ánxela Fernández y representantes de Tui y Tomiño (A Guarda firmará a posteriori). Finalmente, del Condado-Paradanta estuvieron el alcalde de Mondariz Xosé Emilio Barros, el de Mondariz Balneario José Antonio Rodríguez, y concejalas y concejales de Ponteareas y As Neves.