La Agencia de Protección de Datos apercibe al Ayuntamiento de Gondomar

La Agencia de Protección de Datos viene de sancionar al Ayuntamiento de Gondomar con un apercibimiento y la puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo, por la instalación de videocámaras en edificios y lugares públicos sin ajustarse a la legalidad vigente y sin los distintivos informativos que el Reglamento de Protección de Datos obliga a colocar en lugar suficientemente visible. Esta resolución viene dada a partir de una denuncia presentada el 4 de diciembre de 2021 después de que el alcalde se negara a entregar la información solicitada por la instalación de cámaras de videovigilancia en varios espacios, tanto vía pública, como dependencias municipales, sin contar con las pertinentes autorizaciones para ello, ni señalizar adecuadamente las mismas así como la no instalación de los preceptivos carteles informativos de zona videovigilada. En la denuncia también se hizo constar la negativa a facilitar los expedientes administrativos habilitantes que debían cursarse por la Delegación del Gobierno, que autorizara la instalación de cámaras en vías públicas. En la resolución emitida este pasado viernes por la AEPD hacen constar la falta de colaboración del Ayuntamiento en la investigación realizada por la Agencia, al no contestar a ninguno de los requerimientos efectuados.

En el escrito mencionan que hay que tener en cuenta que la instalación y uso de sistemas de videovigilancia implica un tratamiento de datos de carácter personal, por lo que se deberá cumplir con los preceptos relacionados con la Ley Orgánica 3/2018, 5 diciembre (LOPDGD). Debiendo para eso colocar, en las zonas videovigiladas, por lo menos un distintivo informativo situado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados, al objeto del deber de información previsto en el art. 13 RGPD. Los ciudadanos serán informados de manera clara y permanente de la existencia de estas videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, así como de la autoridad responsable del tratamiento ante la que poder ejercer sus derechos. Le recuerdan la importancia de los derechos en juego, así como la responsabilidad del Ayuntamiento, instando a que adopten las medidas correctoras precisas, tras la revisión de las principales cámaras instaladas, para que estas se ajusten a la legalidad vigente, debiendo cumplir una función acorde a su naturaleza y estar debidamente informadas, pudiendo ser las mismas revisadas por el Servicio de Inspección de la Agencia en caso de estimarse preciso, pudiendo una conducta no colaborativa ser tenida en cuenta para futuras actuaciones por parte de la Agencia de Protección de Datos.

La portavoz del Partido Popular de Gondomar acusa al alcalde de gastarse recientemente más de treinta mil euros en nuevas cámaras de vigilancia y la renovación de otras y que estas no sirvan para la seguridad de los vecinos al estar instaladas sin cumplir con la legalidad vigente, por lo que no podrían ser usadas en caso de incidencias. Le recuerdan que la ley y los procedimientos están para cumplirse y que por el hecho de ser Alcalde no puede hacer las cosas “a su manera”. Afirma Paula Bouzós que “con esta resolución queda aún más evidenciada la falta de transparencia de Paco Ferreira, que no facilita información ni a la Agencia de Protección de Datos, como ya vinimos denunciando desde comienzo de esta legislatura”.