El BNG demanda de la Xunta la mejora de las redes vecinales de abastecimiento antes de aplicar la tasa por pérdidas de agua

El BNG promueve una declaración que apuesta por las comunidades de aguas como solución propia del medio rural para garantizar el abastecimiento de un bien esencial y de un derecho básico como es el agua. Asimismo, defiende como vital garantizar la mejora del funcionamiento de las traídas vecinales desarrollando planes específicos con el impulso y con la colaboración material y económica de las administraciones públicas.

La iniciativa, que nace de la puesta en común con directivas de las propias entidades, reclama su pervivencia y la aprobación de normas que reconozcan la singularidad de las traídas vecinales y su papel esencial para garantizar el abastecimiento y su complementariedad con las redes municipales. Rechaza cualquier pretensión de primar las redes municipales en detrimento de las comunales, así como la intención privatizadora que subyace a muchas de las modificaciones legislativas en curso (p.ej.: ley del suelo), y expresa la total oposición a la intención de convertir el agua en un negocio en manos de grandes empresas.

El BNG llevará está propuesta a debate en el próximo pleno a través de una moción en que demanda de la Xunta de Galicia que siga haciendo la novación de las concesiones por períodos de 20 años y sin condicionamientos como el de la conexión obligatoria a redes municipales. A mayores, insta al gobierno gallego a la suspensión de las medidas previstas en la ley 9/2019 de medidas de garantía de abastecimiento y en la ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua, relacionadas con el establecimiento de una tasa por pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, ya que desde el BNG “consideramos que, con carácter previo a su aplicación, la Xunta debe desarrollar un plan para la mejora de las instalaciones vecinales y para el control y reducción de las pérdidas”, indica la portavoz municipal del BNG, Manuela Rodríguez.

Para la organización nacionalista, “la administración pública no puede desentenderse de su responsabilidad en la adecuación de estas redes y hacer leyes exclusivamente recaudatorias y disuasorias”. Y apuntan que el gobierno gallego está desarrollando una serie de cambios normativos que afectan directamente a las comunidades de aguas vecinales y que van a suponer atrancos, dificultades e incremento de carga fiscal para el funcionamiento y la pervivencia de las traídas vecinales. “Actuaciones, todas ellas, que constituyen un ataque y una amenaza a las traídas comunitarias, y parece que tienen como objetivo la gestión mediante redes municipales privatizadas y por lo tanto la concepción del agua como negocio”, denuncia Rodríguez.