Podemos lleva al Congreso los proyectos de parques eólicos en A Groba y O Galiñeiro

FOTO: SOS GROBA // Recreación do parque eólico na Serra do Galiñeiro.

El diputado de Unidas Podemos por la provincia de A Coruña, Antón Gómez Reino, presentó hoy dos iniciativas parlamentarias en las que se denuncian los nuevos proyectos de parques eólicos que está tramitando la Xunta de Galicia para la provincia de Pontevedra y que supondrían la instalación de 57 aerogeneradores en la sierra de A Groba y O Galiñeiro.

“La política ambiental de la Xunta del señor Feijóo lleva siendo la misma desde el año 2009 y se basa en incumplir la normativa europea, estatal y autonómica de protección del medio ambiente mientras le ofrece a grandes multinacionales a explotación de nuestro medio natural”, señaló el diputado. En ese sentido, la semana pasada el Grupo Parlamentario trasladó a la Cámara Baja su oposición al megaproyecto eólico en Pena Trevinca que supondría instalar 31 aerogeneradores más en zonas de especial protección.

Unidas Podemos recuerda que, además de la gran contestación social que están teniendo estos proyectos, las sierras do Galiñeiro y A Groba son espacios naturales de especial relevancia en una zona con una intensa actividad turística. A mayores de los servicios ambientales que prestan, acogen a una importante comunidad de especies animales y vegetales, entre ellas una población de caballos salvajes ligados a una actividad cultural única en el mundo. Además se produce una afectación importante a los nacimientos de agua, de los que depende el abastecimiento de muchas parroquias.

“En el campo medioambiental no sólo vemos una dejación de funciones por parte de la Xunta sino un incumplimiento flagrante de sus deberes, desoyendo la propuesta de ampliación de la Red Natura 2000 hecha por la Unión Europea en 2011 en la que se solicitaba la declaración LIC de la sierra de Groba y el Monte de A Valga”, indicó el diputado gallego.

Por eso el Grupo Parlamentario quiere saber si el Ministerio de Transición Ecológica tomará alguna medida para obligar a la administración gallega a cumplir con la normativa ambiental, así como su valoración sobre la instalación de parques eólicos en lugares con contrastado valor ecológico.