Los once empleados de La Capitana en Playa América (Nigrán) afectados por el cierre de la hostelería decretado por la Xunta el pasado 7 de noviembre, recibieron una comunicación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) donde se les deniega la solicitud de prestación, después de que la empresa tramitara un ERTE por imposibilidad de trabajar tras el decreto hecho por Alberto Núñez Feijóo.
El 29 de mayo de 2020, y una vez pasado el confinamiento provocado por el Covid-19, en Playa América abrió una nueva cafetería, “La Capitana”, donde comenzaron a trabajar estas once personas hoy afectadas por lo que consideran “resolución injusta”.
El motivo en el que se fundamenta la resolución de la Dirección Provincial de Pontevedra del Servicio Público de Empleo Estatal es que para tener derecho a la prestación por ERTE, tendrían que estar contratados con fecha anterior a 17 de marzo de 2020, fecha en la que se publicó el Real Decreto Ley 8/2020 en el que se regulaban las prestaciones en caso de ERTE por paralización de la actividad económica decretada por el estado de alarma.
Este hecho deja a estas once familias en una clara discriminación de sus derechos laborales, ya que por una parte la Xunta decreta el cierre de la hostelera, impidiendo de este modo poder seguir acudiendo sus puestos de trabajo, y por otra parte se les deniega un derecho fundamental de prestación por estar en situación de desempleo motivado por un ERTE forzoso interpuesto por la propia administración.
En una reunión mantenida en esta misma mañana, tanto la empresa como los trabajadores acordaron proceder a recurrir esta resolución así como a asesorarse ante distintos sindicatos, y abogados para estudiar medidas a adoptar para intentar de revertir una situación que a todas luces, “parece totalmente injusta y discriminatoria”.
El salario que perciben muchos de estos 11 empleados de la hostalera es el único ingreso que entra en sus casas, teniendo que hacer frente los gastos cotidianos de alquileres, hipotecas, familia e hijos. “¿Cómo voy a hacer para darle de comer mi hijo?”, indica uno de los afectados por esta resolución que los deja totalmente desamparados.
Abogados, sindicalistas y políticos consultados por esta resolución se muestran totalmente sorprendidos y no entienden cómo se puede denegar la prestación a empleados que por circunstancias ajenas a su empresa e impuestas por la propia administración no pueden ejercer su trabajo. Manifiestan que tomarán medidas, y recurrirán esta resolución ante los tribunales si hace falta para defender sus derechos y no verse discriminados con respecto a otras personas que en la misma situación, sí les conceden la prestación por ERTE.
