Aceptado el recurso de la CIG contra el pliego de condiciones del concurso de Ayuda en el Hogar de Gondomar

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) viene de aceptar el recurso presentado por la CIG contra el pliego de condiciones del concurso de licitación del servicio de Ayuda en el Hogar del Ayuntamiento de Gondomar tras comprobar que el presupuesto fijaba un precio por hora de trabajo insuficiente para afrontar el pago de los sueldos de las trabajadoras/es. Según la resolución del TACP, el propio Gobierno local habría reconocido que no calculó correctamente el coste salarial del servicio.

La central sindical había optado por recurrir el pliego al entender que la empresa que resultara adjudicataria no iba a poder asumir el coste salarial de las empleadas/os, ya que en las cláusulas se fijaba un presupuesto en base a un valor de menos de 13 euros por hora, cantidad que es inferior al coste empresarial de la prestación del servicio, que superaría los 14.

En concreto, el Ayuntamiento establece el precio de la hora en 12,70 euros, “cuantía que es manifiestamente inferior al coste empresarial para la prestación del servicio”, que según los cálculos de la CIG sería como mínimo de 14,04. A esta cantidad aun habría que sumarle una serie de variables como el complemento por antigüedad del personal, el índice real de absentismo o la existencia o no de horas sindicales, lo que sin duda incrementará el precio de la hora de trabajo.

En el recurso presentado por la central se señalaba que la determinación de los costes salariales se realizó teniendo en cuenta el convenio colectivo para la actividad de ayuda a domicilio de Galicia, que continúa vigente y que establece la revisión automática de los sueldos según el IPC, tal como sentenció el TSXG.

Además, se alertaba de que el desajuste entre el precio del contrato y el coste mínimo real de la hora de servicio provocará que la empresa que resulte adjudicataria no pueda cumplir la normativa laboral, “por lo que claramente se está vulnerando el artículo 122.2 de la Ley 9/2017”.

Tampoco se cumplía el artículo 100 de esta ley ya que no se desglosan los costes salariales, sino que se fija un precio hora para días laborables y otro para domingos y festivos, sin descripción de ningún tipo, por lo que ni se sabe si ese es el valor hora prevista para cualquier categoría profesional”.

De este modo, no se tenía en cuenta que para la prestación del servicio, además de auxiliares de ayuda en el hogar, también son necesarias/os, cuando menos, trabajadoras/es sociales.

Argumentos del Tribunal

En su resolución, el Tribunal de Contratación Pública recuerda que el deber de desglosar el presupuesto expresado en el artículo 100.2 de la LCSP está en consonancia con la relevancia otorgada por la propia ley al cumplimiento de las condiciones laborales y concretamente salariales, y que ese deber tiene una doble finalidad. Por un lado, que el órgano determine correctamente el presupuesto de la licitación, de acuerdo con los precios de mercado y con especial relevancia a los costes salariales y, por otro, para garantizar que ese presupuesto se ajusta al exigido legalmente.

En consecuencia, el TACP entiende que la falta de puesta a disposición de esa información dificulta la configuración de la oferta por parte de los licitadores “y el derecho de los legitimados a la impugnación de lp que puedan entender como incorrecto en la estimación del presupuesto, con especial relevancia en casos como este, en el que los costes salariales son especialmente significativos pues suponen una parte muy importante de los gastos previstos”.

Esto sucede precisamente en este recurso, ya que los cálculos del recurrente no pudieron ser comparados con anterioridad a su impugnación con los propios del órgano de contratación que determinaron el presupuesto contractual, por la ausencia de los mismos en los documentos públicos de la licitación.

Por todo esto, estima el recurso presentado por incumplimiento del deber de desglose del presupuesto exigido por el artículo 100 LCSP, “así como por el reconocimiento expreso por el órgano de contratación de una incorrecta estimación de los costes salariales, sin que proceda entonces cualquier otro pronunciamiento a mayores a ese respecto”.

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