El PSdeG-PSOE de la provincia de Pontevedra expresa su perplejidad por el anuncio de la Xunta de Galicia de nuevos pasos para la puesta en marcha de los obligados planes de emergencia de cuatro embalses de la provincia de Pontevedra: A Baxe (Caldas de Reis), Eiras (entre Ponte Caldelas y Fornelos de Montes y que abastece a la ciudad de Vigo y su área), O Con (que abastece el área de Vilagarcía) y Baiona.
El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado 24 de septiembre la declaración de urgente ocupación de los terrenos necesarios para la instalación de los elementos de gestión de las emergencias relacionadas con una posible rotura o avería en los embalses, como salas de gestión o sistemas acústicos. Una obra que, a pesar del retraso acumulado, financia con fondos Feder.
El secretario general de los socialistas pontevedreses, David Regades, critica la dejadez en la protección de la población, pues la legislación que obliga a la aprobación de estos planes fecha del año 1995 (Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones) y de 1996 (Reglamento Técnico de Seguridad de Embalses). “Llegan con 23 años de retraso, dando un ejemplo pésimo por parte de una Administración que se apresura a multar la otras Administraciones, empresas y ciudadanos cuando incumplen plazos en asuntos de muchísima menos importancia”, afirma.
La propia Xunta de Galicia, añade, calificó en el año 2002 los embalses de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa en las tres categorías de seguridad aplicables: A (las que pueden, en caso de accidente afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales o producir daños medioambientales muy importantes), B (las que pueden causar repercusiones importantes o aficiones a un reducido número de viviendas) y, finalmente, C (las susceptibles de causar daños de moderada importancia). Dado que las cuatro presas mencionadas tienen categorías A o B deberían haber contado con Plan de Emergencia en vigor desde hace 23 años para informar adecuadamente de los protocolos de seguridad, lo que significa que la Xunta de Galicia se desentendió no sólo de sus deberes, sino de la protección de la población que vive aguas abajo.
Los planes de emergencia son competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, a través del organismo Augas de Galicia, previo informe de la Comisión Gallega de Protección Civil.
