El Ayuntamiento de Nigrán y Aqualia iniciaron esta semana las obras para conectar el Centro de Educación Especial Juan María de Parada al abastecimiento público. La obra, con una inversión de 10.000 a cargo del Ayuntamiento y de Aqualia, permitirá al fin llevar el agua a este centro abierto hace 35 años y que atiende actualmente a 105 personas con discapacidad intelectual y da trabajo de cerca de 40 profesionales.
«Desde su apertura carecían del servicio, suministrándose mediante pozos y con muchos problemas en los momentos de sequía, era una deuda histórica con este centro que tanto trabajo hace por las personas y familias con discapacidad», señala el alcalde, Juan González.
La conexión, que estará lista en la próxima semana, consiste en la apertura de zanjas a lo largo de 200 metros (a cargo del Ayuntamiento) y en la instalación de colectores (a cargo de Aqualia). El abastecimiento municipal es posible gracias a la inversión del Ayuntamiento de Nigrán de 475.000 euros para llevar el agua a entorno de A Carrasca, Laxe, Tinde o Igrexa, donde cerca de mil vecinos se vieron beneficiados. La obra, finalizada el año pasado, permitió ampliar la red mediante la instalación de una nueva conducción que conecta la red existente en el parque empresarial Porto do Molle, a través de un bombeo, con un nuevo depósito de regulación de 500 m3 que fue situado en el monte Eiró, y desde donde se da servicio a las viviendas de la zona. Por otra parte, en la zona de A Carrasca donde ya estaba instalada la tubería de impulsión y de distribución desde hace años y que carecía de presión suficiente para llevar el agua, ahora vio este problema arreglado. De este modo, la próxima semana se distribuirán carteles informativos para que los vecinos que lo deseen realicen en la oficina de Aqualia la solicitud para realizar la acometida de agua su vivienda.
Esta obra considerada prioritaria para el gobierno sufrió diferentes retrasos tras tener que asumir el Ayuntamiento el coste de las obras con cargo al remanente de Tesorería después de que la Xunta revocara unilateralmente el convenio en el 2015 y en contra de toda la corporación. Posteriormente la Dirección General de Patrimonio exigió un control arqueológico en la zona del depósito del monte Eiró que obligó a paralizar la obra durante meses.
