Nigrán Decide preguntó por la seguridad en el tratamiento de datos de la red Wifi gratuita del Ayuntamiento, poniendo de manifiesto el desconocimiento de que esos datos, entre los que se encuentran los correos electrónicos, la edad y los perfiles sociales de las personas que accedan la esta red a través de redes sociales, están siendo almacenados por una empresa de Badalona, con la que el Ayuntamiento de Nigrán no tiene ninguna relación contractual. Esta empresa, que en la práctica es una encargada del tratamiento de estos datos, debería ser nombrada como encargada por parte del Ayuntamiento, por lo que aparentemente se están transfiriendo datos de forma ilegal a esta empresa.
Además, Nigrán Decide solicitó información por escrito, por dos veces, los datos del titular y todos los responsables del tratamiento de los datos obtenidos mediante el acceso y navegación a través de la red Wifi gratuita ofrecida por el Ayuntamiento de Nigrán y el tipo de datos que se almacenan, así como de los titulares de los soportes físicos donde se guardan copia y se almacenan los datos y la copia de los contratos que vinculan al Ayuntamiento con dichos responsables.
Ante la falta de respuesta del gobierno municipal, el grupo municipal de Nigrán Decide presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por la posible violación por parte del gobierno de los derechos fundamentales del vecindario de Nigrán, no contestando tampoco el gobierno a los requerimientos de la Defensora del Pueblo.
“Da la impresión de que el gobierno municipal activó una red Wifi ilegal, que estuvo transfiriendo datos del vecindario de Nigrán, y ahora no es capaz de recuperarlos”, señala José Cuevas, para añadir que este gobierno “actúa alegre e irresponsablemente, sin medir las consecuencias de sus actos, por lo que el gobierno debe recuperar los datos transferidos y poner en funcionamiento la red Wifi del Ayuntamiento dentro de la legalidad. Nigrán Decide, que ve positiva la existencia de esta red, exige al gobierno municipal que la ponga en funcionamiento con todas las garantías legales”, finaliza Cuevas.
