Muchas fincas de Gondomar dejan de ser edificables tras la entrada en vigor del Plan Básico Autonómico

Con la entrada en vigor el pasado 27 de agosto de 2018 del Plan Básico Autonómico, una de las consecuencias más evidentes para los intereses directos del vecindario del Ayuntamiento de Gondomar, por carecer de planeamiento, es la desaparición de las denominadas Áreas de Tolerancia, recogidas en las Normas Subsidiarias Provinciales, hasta ese momento de obligada aplicación en el municipio. En las dichas Áreas de Tolerancia (una faja de 40 m de fondo desde el límite del núcleo y alrededor del mismo), aquellas fincas con determinadas condiciones como una superficie igual o superior a 1000 m2, con acceso rodado a través de camino público, eran aptas para ser edificables, y por lo tanto, eran susceptibles del pagado de IBI, dejándolo de sello desde entonces.

Por el contrario, en aquellos núcleos rurales que se fueron delimitando y aprobando definitivamente (Campo Grande y Prado, por lo de ahora) y donde hasta ese momento la clasificación del suelo según las mismas Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales era rústico, y por lo tanto exento del pagado del IBI, ahora pasaría justamente lo contrario que en el caso anterior.

Manifesto Miñor presentará este miércoles en el Pleno de la Corporación Municipal una moción en la que solicita iniciar los trámites pertinentes para proceder a la corrección perante la Subdelegación del Catastro de Vigo con el objeto de eliminar del padrón catastral aquellas parcelas que dejaron de ser urbanas por mor de la entrada en vigor de la Norma Básica Autonómica, y al mismo tiempo, incluir aquellas otras que con la aprobación de las nuevas delimitaciones de los núcleos pasaron a ser urbanas, reclamando del Alcade y de la Concejala de Urbanismo que a la mayor brevedad den las instrucciones pertinentes a los técnicos municipales para comenzar con la dicha tramitación.

“Por una cuestión de ética política y de respeto a los derechos de las personas contribuyentes, y mismo por una cuestión de eficacia administrativa, lo que se cubre incorrectamente ahora lo habría que devolver más adelante como ya aconteció en el pasado, con el consiguiente desajuste en las cuentas municipales, y por eso procede tomar las medidas oportunas lo antes posible dirigiéndose al Catastro para que proceda a corregir las valoraciones resultantes de las nuevas clasificaciones urbanísticas”, señala Antonio Araújo.

“Con esta moción lo que se pretende es evitar lo que pasó con la anulación del PGOM de 1997, que cientos de fincas que pasaron a la rústicas siguieron pagando el IBI sin tener porqué, y una vez que el Catastro adaptó las propiedades a la nueva realidad urbanística el Ayuntamiento tuvo que devolver el indebidamente cobrado (solo cuatro retroactivamente), con el consiguiente quebranto para las arcas municipales y la injusticia con los propietarios que pagaron 10 años de IBI y solo le devolvieron cuatro”, concluye el concejal de Manifesto Miñor.

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