Tras una denuncia del sindicato UGT del Concello de Baiona, en la que relata las irregularidades en el salario de los trabajadores contratados a través del “Plan Concellos” de la Diputación de Pontevedra, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social pone de manifiesto en un informe que según el convenio actual de Baiona, que si bien sigue prorrogado a la espera de uno nuevo continúa en vigor en la actualidad, como así lo confirman repetidas sentencias del Tribunal Supremo, se establecen los salarios del personal contratado por el Concello en sus diferentes modalidades (bien sea funcionario o personal laboral).
El Concello de Baiona abona el salario mínimo interprofesional (SMI) bruto, no abonando los diferentes complementos que según la tabla retributiva al puesto desempeñado debería cobrar el trabajador. A su vez queda también de manifiesto que a la hora de abonar el SMI, el Concello no actualiza la cuantía del mismo al año 2018 y paga el salario mínimo interprofesional de 2017, resultando por tanto un agravio en negativo a esos mismos trabajadores. Concluye la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra, e insta al Concello, requiriendo que abone las diferencias retributivas existentes a estos trabajadores, amparándose en el artículo 28 del convenio, donde debe garantizar la igualdad retributiva de los trabajadores del Concello. Además deja de manifiesto que en caso de incumplimiento de lo requerido, la cuestión deberá resolverse ante la orden social de jurisdicción española.
Desde la Agrupación Socialista de Baiona y el Grupo Municipal Socialista en el Concello, dejan patente una vez más la nefasta gestión del gobierno actual de cara a los trabajadores que contrata. Su portavoz, Carlos Gómez, en una sesión plenaria, puso de manifiesto estas diferencias en las retribuciones salariales, “faltando a la verdad el alcalde de Baiona Sr. Rodal en su respuesta como queda ahora reflejado en el presente informe”.
El Grupo Municipal Socialista, así como la Agrupación Socialista de Baiona, instan al Concello a que abone tales cantidades que debieron ser abonadas en su día a los trabajadores y cumpla con el mandato de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra, para que el Concello no se vea abocado a perder una nueva sentencia en caso de ir a la jurisdicción social. Además, instan al grupo de gobierno a que de una vez por todas se ponga a gobernar y aplique las normas que administran a las vecinas y vecinos de Baiona en su gestión conforme a derecho.
