El portavoz de la formación independiente Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, votará en contra en el pleno extraordinario que tendrá lugar este lunes a las 12:00 horas, la propuesta del gobierno local para el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de gastos realizados sin consignación presupuestaria por importe de 236.076,52 €, y llevados a cabo sin control de ningún tipo, así como sin el correspondiente expediente administrativo, y facturas sin conformar por parte de técnicos municipales, entre otras irregularidades.
Entre los gastos, UCN destaca 6.200 € de la actuación de Pablo Milanés, 7.441,50 € de pavimentación de viales, 30.100 € de actuaciones en Chandebrito, 12.925 € de sistemas contra incendios, 20.291,15 € de mobiliario de salón de pleno y 13.049 € de festejos varios.
UCN recuerda que muchos de los gastos ahora presentados para su reconocimiento y aprobación por el pleno ya eran del conocimiento del gobierno antes de la aprobación del presupuesto de 2018 y que el partido independiente apoyó, “pero sin embargo, tanto el alcalde como la concejala de Hacienda ocultaron a la corporación, y no incorporaron los créditos necesarios para atender los gastos ya ocasionados, que por otra parte hubiera sido lo correcto, evitando así perjuicios a terceros”.
Además, UCN denuncia la pérdida de una subvención de la Xunta por importe de 18.000 €, prevista para financiar el mobiliario para el salón de plenos suministrado a finales del pasado año y que todavía están sin pagar, teniendo ahora el Ayuntamiento que pagar la totalidad del gasto (20.291,15 €) con fondos municipales, “por culpa de una negligente gestión del gobierno local”.
UCN tampoco comparte el excesivo gasto en honorarios de un abogado contratado por el anterior alcalde del PP, Alberto Valverde, “al parecer militante del partido, que durante su gobierno pudo haber facturado más de 180.000 € en pleitos, y que ahora pretende también cobrar 27.000 € por la defensa jurídica de siete funcionarios municipales (3.872 € cada uno), denunciados en el marco de la Operación Patos y que terminaron archivándose las diligencias, por lo que resultan totalmente desproporcionados, máxime cuando otros funcionarios también implicados que acudieron a otros profesionales sus honorarios de abogado y procurador no superan los 1.200 €”, concluye el portavoz del partido independiente.
