Los bomberos públicos de Galicia califican la gestión de los fuegos como totalmente descoordinada

Antes de comenzar, la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia da su apoyo a las familias de los fallecidos y los afectados por esta catástrofe. Además agradecen la labor y determinación del pueblo gallego en las tareas de extinción y señalan que «la frustración y la impotencia vivida motiva nuestras reclamaciones, que únicamente son para intentar mejorar este servicio esencial que nosotros, los bomberos, prestamos en nuestra comunidad».

Entienden que la catástrofe pudo ser mucho mejor abordada. Los daños serían mucho menores si su gestión no fuera totalmente improvisada y sin ningún tipo de planificación. «Desde nuestra experiencia sólo podemos definir la gestión de esta emergencia, declarada de nivel 2, como totalmente descoordinada, y por lo tanto insuficiente para garantizar la seguridad de nuestro pueblo».

Recuerdan que, según la Ley de Emergencias de Galicia, es la Xunta a única responsable de gestionar a través de la Agencia Gallega de Emergencias, todos los medios que intervienen en este tipo de escenarios. «Después de pasados diez años desde su creación y teniendo la experiencia de gravísimas catástrofes (Angrois, Fandicosta…) a AXEGA parece no haber aprendido nada. Todo lo contrario, se replega en sí misma siendo un órgano cada vez más opaco, en el cual a día de hoy no se conoce cuál es el procedimiento de selección de sus agentes de intervención, entre otras cosas».

Otra competencia que posee la AXEGA es la de gestionar el Centro Integral de Atención a las Emergencias 112 Galicia, lo cual está privatizado y en una situación realmente precaria, donde las llamadas realizadas por los ciudadanos sufren esperas inadmisibles para recibir un servicio tan elemental (en ocasiones superan los 20 minutos).

«Recordar también la decisión tomada por la AXEGA después del accidente de Angrois, que fue a retirar el «Remoto», una plataforma informática que permitía seguir en tiempo real desde los parques de bomberos todas las emergencias que se daban en Galicia. La cual era muy útil para nosotros, pero un claro evindeciador de la pésima gestión de la Xunta, siendo este un caso claro de oscurantismo institucional».

«Ante esta situación el caos es predecible. Las experiencias vividas en los parques de bomberos públicos próximos a la catástrofe fueron frustrantes. Se dio una gran disparidad en cuanto a horarios y formas de activación, pero lo que sí se repitió es la autoorganización de los parques cuando lo que estamos tratando es la activación del Nivel 2 debido a las condiciones de la catástrofe que tenía lugar en tierras gallegas. Hay que tener en cuenta que con este nivel declarado todos los medios pasan a ser de utilidad/necesidad autonómica pero lo que se percibe es que carecen de dirección por parte de la AXEGA, el organismo responsable».

La falta de REGULACIÓN y SEGREGACIÓN del sector

El servicio de Emergencias de Galicia está totalmente desregulado y segregado. El incumplimiento de la LBRL 7/1985 (Estatuto específico), modificada por la Ley 27/2013 (ejercicio de funciones en exclusiva por funcionarios públicos). Por otro lado la Ley de Emergencias de Galicia (homogeneizar en el plazo de tres años los SPEIS gallegos) se encuentra sin desenrollar desde hace más de 10 años. Esto da a entender que la Xunta está obviando sus deberes en esta materia.

Esta desidia da lugar a que cada ayuntamiento, diputación, e incluso la propia Xunta de Galicia tengan que crear diferentes cuerpos para prestar este servicio. Dando lugar a un conglomerado difícil de entender y de justificar, precario y desorganizado formado por:
-Bomberos Públicos en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (funcionarios de carrera).
-Bomberos Comarcales Públicos (personal laboral).
-Bomberos Comarcales privados.
-Grupos de emergencias supramunicipales (GES).
-Brigadistas de la Xunta.
-Brigadas forestales municipales.
-Brigadistas de la empresa Seaga.
-Brigadistas de la empresa Tragsa.
-Protección civil, etc…
-CIAE 112 (centro integral atención a las emergencias).

Como se puede deducir esto hace realmente complicado realizar una gestión rápida, eficiente y coordinada. Se dan problemas gravísimos de comunicación, burocracia excesiva, tiempos inadmisibles de respuesta, etc… Lo cual le añaden una formación precaria y desregulada, la falta de procedimientos de trabajo, etc…

En cuanto a nuestros montes:

«Si echamos un vistazo atrás veremos que no es una novedad para los gallegos ver arder nuestro monte. En el año 1989 tuvo lugar un desastre ambiental en el que ardieron alrededor de 200.000 hectáreas en toda Galicia, siendo este desastre el impulso para el Plan Forestal de Galicia 1992-2030. Un plan en el que el primer objetivo era la estructuración de los espacios forestales, entre otras cosas, pero vemos que transcurridos más de 20 años los presupuestos se van concentrando en la extinción de incendios (careciendo de prevención) que excusa de dar seguridad a los propietarios forestales, seguridad inexistente ya que siguen produciéndose incendios como por ejemplo los del año 2006. Precisamente después de otro desastre como el del 2006 nacen medidas como la Ley de emergencias de Galicia 5/2007, el Estatuto de la AXEGA (decreto 223/2007) y el PLATERGA que en sus comienzos podían ir bien encaminadas pero pensamos que, por razones ideológicas tal vez, sólo quedaron en proyectos. En el octubre de este 2017 se produce otro nuevo desastre, esperemos que sea el paso previo a una REGULACIÓN de los servicios de emergencias y a un RESCATE de los mismos de manos privadas y de la PRECARIEDAD reinante».

La conclusión está clara:

Los Servicios de Emergencias son servicios públicos esenciales, en los que se desenrolla su actuación desde el ejercicio de la autoridad, por lo tanto, deben ser reservados a la gestión directa por parte de funcionarios públicos. Apostando por servicios profesionales y de calidad, debidamente organizados y formados para poder dar resolución a las emergencias. Es necesaria la creación de un servicio homogéneo, y dotar a la AXEGA de capacidad de coordinación de los recursos catalogados en la Comunidad Autónoma.

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