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Denuncian el desmantelamiento de la piscina del Val Miñor para favorecer a una empresa privada

El responsable de negociación colectiva de la CIG-Servicios, Pedro Pérez, compareció hoy en rueda de prensa junto a trabajadoras y delegadas de personal de la piscina mancomunada del Val Miñor, situada en A Ramallosa, para denunciar que en los últimos meses se está produciendo un desmantelamiento de la instalación pública al tiempo que se favorece un complejo deportivo privado. Desde la central advierten que el abandono en el que se encuentra la piscina de la Mancomunidad va a suponer el despido de buena parte de su plantel, integrado por 38 empleados/as.

Según explicaron en la comparecencia, el inicio de los problemas en la piscina gestionada por Serviocio coinciden en el tiempo con la adquisición por parte de esta empresa de las instalaciones del antiguo Club de Tenis Monterreal de Baiona, donde decide situar el complejo deportivo BeOne. Curiosamente, el actual director de BeOne, Ignacio Patiño, ejerció hasta hace 15 días como director de la piscina del Val Miñor, cargo que ocupó durante 11 años “y que usó para relanzar su negocio privado en detrimento de la instalación pública”.

De hecho, tal y como denuncian las propias trabajadoras, la piscina del Val Miñor no ofertó este año los tradicionales campamentos de verano, que pasaron a impartirse en BeOne. “Eso sí, las labores de gestión e información las hicimos las empleadas de la piscina”. Además de actividades, el complejo privado está recibiendo dotaciones que provienen de las instalaciones públicas, como es caso de la pista americana, “que están retirando para llevarla para BeOne”.

Según los cálculos de las afectadas, más de 150 personas quedaron este año sin los cursos que se impartían en la piscina. “Incluso limitaron la promoción de cursos y actividades a través de las redes sociales, y no ofrecieron ofertas de inicio de temporada, como hacen el resto de instalaciones de este tipo”. Otra de las irregularidades que se están produciendo tiene que ver con la plaza de socorrista, que según el Real Decreto 103/2005 tiene que existir en todas las piscinas. “Y debe de ocuparla una persona con titulación y con dedicación exclusiva a esa función, y no a tiempo parcial como pretenden que sea a partir de octubre, por lo que vamos a denunciar el tema delante de la dirección general de Salud Pública”.

Una instalación rentable

Todo esto sucede a pesar de que la instalación mancomunada es perfectamente rentable, ya que cuenta con 7000 socios/as y con alrededor de un millar de usuarios/as diarios. “En el mes de abril le trasladamos al presidente de la Mancomunidad y alcalde de Baiona, Ángel Rodal, lo que estaba aconteciendo, y para nuestra sorpresa comprobamos que cada comunicación que le hacemos llegar la ponen inmediatamente en conocimiento de la empresa”, indican. También le solicitaron mantener una reunión hasta en dos ocasiones, sin que el responsable del ente supramunicipal haya contestado la petición. “A mayores, en junio le trasladamos otro escrito en el que denunciábamos que BeOne utiliza empleados/as de Serviocio para hacer trabajos privados”.

Desde la CIG-Servicios alertan de que como consecuencia de esta gestión la piscina se encuentra en una situación muy complicada que va a provocar despidos y reducciones de jornada entre el personal. Con todo, quieren dejar claro que “no vamos a dejar que la Mancomunidad permita que se cierre una instalación pública y que sus trabajadores/as se encuentren en situación precaria para favorecer a una empresa privada”. Delante de esto, le hacen un llamamiento a los miembros de la entidad supramunicipal (entre ellos, a los alcaldes de Nigrán, Juan González, y Gondomar, Paco Ferreira) para que tomen cartas en el asunto con el fin de solucionar esta situación.

Finalmente recuerdan que la concesión de la gestión de la piscina mancomunada lleva prorrogada desde 2015, sin que por lo de ahora siquiera se hayan aprobado las bases del nuevo concurso de adjudicación. “La única formación que presentó alegatos al proceso fue el BNG, que solicita que se fije un canon del 1% o de 10.000 euros al año -además de reclamar mejoras en las instalaciones por parte de la concesionaria- ya que en la anterior adjudicación el canon que se había establecido había sido de seis euros anuales”.

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