El BNG demanda a Caballero que exija a la Xunta la suspensión de los PIA del Ofimático y Santa Cristina

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) demanda la suspensión inmediata de la tramitación administrativa de los PIA del Ofimático y Santa Cristina y que se paralice cualquier amenaza de expropiación u ocupación forzosa. El frente nacionalista viene de dirigirse al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para que traslade a la Xunta de Galicia el rechazo del Concello a la imposición de estos proyectos y para que se revisen atendiendo las reivindicaciones de los vecinos afectados.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, reclamó a Caballero que “pase de las palabras a los hechos” para paralizar el avance de ambos PIA. “Lo único que recibieron los vecinos afectados del Concello hasta el momento son fotografías amables, buenas palabras y palmadas en la espalda”, afeó, recordando la contradicción del regidor por haber defendido la necesidad de estos proyectos urbanísticos y por haber facilitado el abaratamiento de los terrenos con una recalificación regresiva de los mismos en el nuevo PXOM, que solo contó con el voto en contra del BNG.

Por este motivo, Igrexas demandó también que el Gobierno local no facilite de forma directa o indirecta el desarrollo de los PIA, ejerciendo todas las acciones a nivel institucional, administrativo y legal para lograr la suspensión y revisión de los proyectos.

Puso como ejemplo los atrancos del propio Caballero al Plan Parcial de Navia hasta conseguir un compromiso real para el nuevo instituto o el retraso en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro con las acometidas de agua hasta que “decidió abrazarse al PP” para aprobar los presupuestos municipales. Recordó además como el BNG en la Alcaldía de Vigo logró en 2002 impedir un relleno portuario de 200.000 metros cuadrados en el Arenal.

“El Concello puede y debe hacer mucho para plantarle cara a la apisonadora de la Xunta del PP”, manifestó Igrexas. Desde el frente nacionalista consideran que se deben revisar tanto la extensión y alcance del perímetro y edificabilidad de los proyectos, así como de las eventuales condiciones de compensación y la garantía de realojo en el mismo ámbito tanto de propietarias como de usufructuarias o convivientes de las viviendas que estuvieran afectadas.

Acuerdo en el Pleno municipal

El portavoz municipal del BNG hizo referencia al acuerdo unánime en el último Pleno del Concello de Vigo, en el que se reclamaba a la Xunta un diálogo con los vecinos afectados y garantías de una justa indemnización y el derecho a realojo. Calificó la moción como “acuerdo de mínimos” y criticó el “veto” del grupo socialista a la enmienda del Bloque en la que se querían recoger acuerdos “más claros y rotundos para evitar estos atropellos”.

Igrexas consideró que la unanimidad no puede ser un “disfraz de falsos consensos”, señalando que el voto a favor del PP no hizo “retroceder ni un milímetro” la pretensión del Gobierno de Rueda de avanzar en el desarrollo de los dos ámbitos. “El PP de Vigo está demostrando, en los hechos, que su apoyo a los vecinos era puro cinismo”, cuestionó.

“Menos palabras, menos falsos consensos para lavar la cara, y más decisiones para evitar el desarrollo de proyectos impuestos desde San Caetano, sin diálogo ni transparencia, y que van a provocar un impacto social, territorial y ambiental muy importante”, defendió. “Estamos a tiempo de evitarlo”, remachó.

Debate sobre el modelo de vivienda pública

A juicio del Bloque es necesario también abrir un debate “a fondo y serio” sobre el modelo de vivienda pública a desarrollar en Vigo. El portavoz municipal afirmó que la necesidad es “innegable” a consecuencia de las políticas de la Xunta desde el año 2009 y de la inacción del Gobierno municipal. Sin embargo, cuestionó que la primera opción sea construir macroámbitos concentrados en lugar de intentar movilizar las más de 22.000 viviendas vacías de la ciudad.

Igrexas defendió en ese sentido un “modelo diseminado territorialmente y de tipología edificatoria diversa o flexible”. Consideró que el modelo de la Xunta “solo genera tensión urbanística” que no integra la vivienda pública en la ciudad al concentrarla en pequeños ámbitos.