El portavoz del BNG en la Diputación de Pontevedra César Mosquera afeó a PP y PSOE la contradicción de responsabilizarse mutuamente de la crisis de la vivienda cuando ambos contribuyeron a encarecerla y restringir la construcción. El nacionalista realizó la regañina a ambos grupos en el debate sobre la vivienda del Pleno provincial por la presentación de sendas mociones de ambas formaciones, y comparó sus regañinas cruzadas con el refrán tradicional de “le dijo el caldero al cazo”.
El representante nacionalista consideró que resulta poco coherente que los dos partidos se presenten ahora como preocupados por una situación que calificó de insostenible, cuando sus respectivas políticas contribuyeron a agravar las dificultades de acceso a la vivienda. El portavoz señaló que la única salida estructural ante la histórica falta de vivienda pasa por construir más, aunque reconoció que los procesos de construcción son extremadamente lentos. En este sentido, advirtió de que no se puede confundir edificar con especular.
Mosquera recordó que la competencia exclusiva en materia de vivienda corresponde a las comunidades autónomas y apuntó directamente a la Ley del Suelo de Galicia, que calificó de claramente “inflacionaria”, al considerar que restringe la capacidad de construir y provoca un encarecimiento tanto del suelo como de los propios costes de edificación. Destacó también el complejo entramado de informes sectoriales necesarios de la administración gallega para desarrollar los PXOM, que bloquea la salida al mercado del suelo en los ayuntamientos. Recordó que, cuando se llevaron propuestas al Parlamento gallego para abordar estas problemáticas, tanto el PP como el PSOE votaron en contra.
Mosquera también cuestionó la proliferación de organismos y estructuras administrativas alrededor de las políticas de vivienda. “¿Cuántos organismos de vivienda necesitamos?”, preguntó, citando a Sareb, Casa 47, los organismos propios de la Xunta y los que existen en los ayuntamientos. En este sentido, rechazó que la Diputación de Pontevedra se sume a esa dinámica creando un nuevo ente provincial. El portavoz nacionalista defendió que debe ser la Xunta de Galicia quien centralice y lidere las políticas de vivienda, ya que cuenta con las competencias exclusivas y dispone de una estructura técnica y administrativa preparada para hacerlo.
El representante del BNG también puso el foco en el esfuerzo financiero que está realizando el Estado para afrontar la crisis habitacional y cuestionó las prioridades del gobierno central. Mosquera recordó que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros para todo el período de cinco años, mientras que la estimación del gasto español en Defensa para este 2026 ronda los 35.000 millones de euros. “¿Está el esfuerzo del Estado a la altura?”, preguntó, cuestionando que se priorice e incremente el gasto militar mientras no se realiza un esfuerzo de dimensión comparable para atender necesidades básicas como el acceso a la vivienda y otros servicios públicos esenciales.
Huelga 11N
Por su parte, la diputada del BNG Manuela Rodríguez defendió en el Pleno la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre, al considerar que sobran los motivos para movilizarse frente a la carestía de la vida y a la crisis de la vivienda. Rodríguez subrayó que la realidad gallega no se puede reducir a un problema coyuntural del Estado, sino que responde a un modelo de dependencia y expolio que hace que, a pesar de la riqueza en recursos naturales y energéticos del país, Galicia soporte salarios y pensiones más bajos, mientras exporta fuera el valor añadido de su producción.
Denunció que los hogares y las empresas gallegas pagan la energía a precios elevados a pesar de producirla, que los sectores productivos padecen el incremento de los costes mientras reciben precios insuficientes por su actividad y que la dispersión poblacional y los peajes encarecen aún más la vida diaria. La diputada incidió en que esta brecha social no es inevitable, sino consecuencia de decisiones políticas, y reclamó una financiación que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos en un país como el gallego disperso y envejecido.
Rodríguez llamó a centrar el debate en las condiciones de vida de la mayoría social y denunció que, mientras suben los precios del alquiler y de la cesta de la compra, las grandes empresas energéticas, la banca y las inmobiliarias acumulan beneficios históricos. Frente a esta situación, reclamó responsabilidades a la Xunta por su pasividad ante la crisis de la vivienda y defendió que los recursos públicos deben estar al servicio de las personas, no del mercado especulativo. Por todo esto, subrayó, será necesaria la huelga del próximo 11N.
Mejora de las aportaciones a Pontevedra
Finalmente, el portavoz del BNG, César Mosquera, explicó también el voto favorable del Bloque a la modificación de crédito presentada por el gobierno provincial en el Pleno porque incluye actuaciones que mejoran la aportación de la Diputación al Concello de Pontevedra.
Mosquera recordó que durante los tres años anteriores el PP negó reiteradamente incrementar los fondos destinados a la ciudad del Lérez, por lo que valoró que la modificación aprobada permita corregir ligeramente esa situación al incorporar recursos para la reforma del estadio de Pasarón.
El representante nacionalista añadió que el BNG aplaude las actuaciones necesarias para mejorar el pabellón de la Diputación en Príncipe Felipe o la oficina de turismo del Palacete de los Mendoza, aunque puntualizó que son equipamientos propiedad de la institución provincial. “Para nosotros es una satisfacción el voto a favor. Nos alegra que se aprueben estas actuaciones”, concluyó.
