El Concello de O Porriño mostró su rechazo frontal al trazado aéreo de la nueva línea eléctrica de alta tensión a 220 kV “Atios-Pazos de Borbén”, promovida por Red Eléctrica de España El alcalde, Alejandro Lorenzo, en representación de la administración local, presentó un completo escrito de alegaciones ante el Departamento Territorial de Pontevedra de la Consellería de Economía e Industria en el que solicita la paralización de la autorización previa y exige el soterramiento integral del tramo de 1,89 kilómetros que discurre por el término municipal.
Según recoge el documento municipal, la solución técnica actual resulta discriminatoria e incoherente ya que contempla que la totalidad de la línea a su paso por O Porriño (entre los apoyos T-50 Bis y T-7N) discurra por vía aérea afectando a parcelas de Santa María de O Porriño y Cans, mientras que en los municipios vecinos de Mos y Vigo el proyecto tiene cerca de 13 kilómetros de tramos soterrados.
Riesgo grave para el agua potable y el acuífero
El principal argumento técnico y ambiental esgrimido por el Concello se fundamenta en el impacto sobre los recursos hídricos de la zona. Así, el trazado aéreo proyectado afecta directamente a un total de 17 captaciones de agua subterránea para abastecimiento humano en un radio de 100 metros alrededor de las torres de alta tensión. El caso más grave se da en la captación denominada Carreira 2, que se encuentra físicamente dentro de la propia zona de ocupación temporal y de obras del tramo entre los apoyos T-50 Bis y T-1N.
Desde la Casa del Concello se denuncia que la promotora seleccionó la “Alternativa 1”, reconocida en el propio estudio como la peor opción en términos hidrológicos y de impacto en captaciones, sin realizar un análisis hidrogeológico específico ni justificar técnicamente la ausencia de peligro para el abastecimiento vecinal.
Por este mismo motivo, Lorenzo, que es también Presidente del Consorcio de Aguas del Louro, adelantó que desde esta entidad se presentarán también alegaciones.
Amparo legal en la jurisprudencia europea
El escrito de alegaciones hace valer la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a las administraciones a denegar cualquier autorización previa cuando exista riesgo de deterioro o se ponga en peligro la recuperación de una masa de agua ya degradada, aplicando estrictamente el principio de precaución.
Asimismo, la administración local recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia avala la nulidad de procedimientos ambientales cuando se omite un estudio real y comparativo de alternativas viables como el soterramiento, o cuando se pretende diferir la evaluación del impacto hídrico a fases posteriores a la aprobación del proyecto.
Apoyo a las comunidades de montes y vecinos
El regidor porriñés quiso manifestar también el apoyo institucional expreso del Concello a las reivindicaciones y alegaciones que puedan presentar por su cuenta los propietarios particulares y entidades colectivas afectadas, entre las que se encuentran la Comunidad de Montes de Cans-Porriño, los Montes Vecinales de Santa María-Porriño o la Comunidad de Aguas de Cans.
Este Concello tiene constancia de la inquietud manifestada por los propietarios particulares y por las entidades representativas de intereses colectivos antes citadas. En la medida en que, como se acredita a lo largo del presente escrito, tal inquietud resulta plenamente justificada en motivos técnicos y jurídicos de peso, este Concello manifiesta su apoyo institucional expreso a las reivindicaciones que aquellos vengan a formular en relación con este proyecto, comprometiéndose a mantener, durante el tiempo que reste del período de información pública, un canal de comunicación y colaboración activa con los propietarios, vecinos y entidades afectadas, con objeto de contribuir, en la medida de sus competencias, a que las alegaciones que estos formulen resulten lo más completas y fundamentadas posible.
El Concello se compromete a mantener un canal de colaboración directa con los vecinos y advierte de que se reserva el ejercicio de cuantas acciones y recursos administrativos y judiciales sean precisos en defensa del territorio y de la calidad de vida de los vecinos de O Porriño.
