En un contexto donde la libertad de expresión y la fiscalización a los poderes públicos vuelven a estar en el centro del debate social -tras las recientes polémicas sobre los listados de control de medios y las contundentes reflexiones de figuras públicas como Antonio Banderas, Arturo Pérez-Reverte o la cantante Alaska sobre el temor a la discrepancia-, en el plano municipal se reproducen dinámicas de silenciamiento y censura que recuerdan a las listas negras y a las prácticas de control de la información propias del franquismo y otras dictaduras.
Luisa, vecina de Gondomar, ha denunciado públicamente el bloqueo al que ha sido sometida tras ejercitar su legítimo derecho de réplica y rectificación. Esta censura no se limita al perfil gestionado bajo la marca personal del alcalde, Francisco Ferreira, sino que abarca también el perfil de la concejala de Turismo, Rocío Goberna -utilizado también de forma continua para comunicaciones de índole pública e institucional- y repercute directamente en la visibilidad del perfil oficial del propio Concello de Gondomar, al nutrirse la administración de estas publicaciones para dar difusión municipal.
El bloqueo se produjo tras la publicación de dos escritos donde la ciudadana ponía de manifiesto, con datos oficiales de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra y web de publicación del evento de zumba, la inexactitud de dos argumentos difundidos desde el Gobierno local (del PSOE) sobre los eventos del pasado 2 de septiembre. La denunciante recalca que la polémica alimentada por los responsables municipales fue completamente innecesaria y artificial, ya que ambas actividades convivieron en el espacio público en total armonía, sin altercados ni problemas entre los vecinos, evidenciando que el único objetivo del gobierno local era buscar la confrontación a posteriori e imponer un relato de tensión inexistente.
A raíz de la publicación de esta denuncia, comentarios de otros vecinos han ratificado que el bloqueo a cualquier postura discrepante es una práctica habitual por parte de la alcaldía, señalando incluso que este tipo de presión y coerción se traslada en ocasiones al terreno personal con familiares del propio alcalde.
“El problema de fondo no es una desavenencia personal o partidista; si el Concello, su alcalde y su concejala fuesen del BNG, del PP o de cualquier otra formación en lugar del PSOE, actuaría exactamente igual. Se trata del uso de canales de comunicación pública como un espacio privado para el halago. Impedir el derecho de réplica y bloquear a un vecino por dejar al descubierto datos falsos, busca generar crispación donde no la hubo y vulnera el derecho a la información de toda la ciudadanía, bloquear a un ciudadano que discrepa, no es gestión, es censura”, señala la afectada.
El escrito de denuncia subraya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Ley de Transparencia recuerdan que, cuando representantes políticos o instituciones utilizan sus redes como altavoz municipal, dichos canales adquieren dimensión pública. Por tanto, privar del acceso a esa información vulnera los artículos 20 (libertad de información) y 23 (participación ciudadana) de la Constitución Española.
Ante esta situación, la vecina ha registrado un requerimiento formal exigiendo la restitución inmediata de sus derechos en un plazo de 48 horas laborables, reservándose el inicio de acciones ante el Valedor do Pobo y la Comisión de Transparencia de Galicia de no corregirse esta medida.
