El PP de Tomiño viene de destapar la existencia de “graves ilegalidades económicas” en la gestión del gobierno dirigido por Sandra González en lo que se refiere a la contratación de empresas y prestación de servicios, puesto que han detectado pagos al contado que superan el tope legal de 1.000 euros, facturas irregulares por su reiteración y superar globalmente el máximo permitido sin licitación y servicios que se prestan sin el correspondiente concurso público. Todas estas circunstancias vienen de ser advertidas por la Intervención Municipal a través de los consiguientes reparos, que siempre son levantados por el ejecutivo nacionalista.
Los populares indicaron que dicha investigación se encuentra en la fase inicial, puesto que el ejecutivo municipal, “en pro de una falsa confidencialidad”, se resistió a entregarle la documentación formalmente solicitada durante muchos meses hasta que los servicios técnicos municipales atendieron la correcta petición del PP.
“Hay muchas cosas que no nos cuadran hace mucho tiempo porque existe alguna empresa que ha presentado unas 300 facturas pequeñas en los últimos cinco años y además, si no hubiera nada que ocultar, no entendemos por qué se nos negaba reiteradamente una documentación que debe ser pública y a la que tenemos derecho, pero ahora que disponemos de ella comenzamos a entender que el gobierno de Sandra González tenía intención de esconder ciertas prácticas”, manifestó la presidenta del PP local, Lara Meneses.
Ante esta situación, los populares están estudiando cómo proceder a nivel jurídico para denunciar esta situación, ya que creen que, por las empresas beneficiadas, puede tratarse de una trama para beneficiar a personas afines, ya que la mayor parte de estas irregularidades afectan a dos empresas, una de informática y otra de servicios varios, aunque también existe una tercera que realiza trabajos para el Concello sin el correspondiente concurso público a pesar de superar la cuantía anual permitida para las contrataciones directas.
En concreto, el PP de Tomiño ha detectado el pago de diversas facturas en efectivo, que es algo anómalo pero permitido, pero algunas de ellas no se pudieron hacer en ningún caso bajo esta modalidad puesto que superan los 1.000 euros de tope recogidos por la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Además, también se localizaron diversas facturas de una misma empresa presentada el mismo día en el que podría ser un caso irregular de fraccionamiento, que es otra cuestión prohibida por la normativa.
En concreto, estas actuaciones irregulares en la gestión económica del Concello superan, por el momento, los 900.000 euros en los cinco años entre 2021 y 2025 e incluyen el pago de cantidades ingentes por múltiples facturas de pequeños importes, la realización de trabajos reiterados sin licitación y superando las cantidades que permite la ley para los contratos menores o la prestación de servicios sin concurso público a pesar de que lo requieren por cantidad y por duración en el tiempo.
“Creemos que estamos ante una situación muy grave que afecta al dinero de todos los tomiñeses y con los que el gobierno de Sandra González no semeja estar jugando limpio no sabemos con qué intereses, pero vamos a seguir estudiando este asunto jurídicamente, dada su gravedad para determinar las vías que vamos a adoptar para que se depuren responsabilidades”, concluyó Meneses.
