El grupo municipal del Partido Popular de Gondomar, liderado por su portavoz Paula Bouzós Barros, presentará en las próximas fechas un recurso potestativo de reposición contra la ratificación del convenio firmado entre el Concello y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) para el desarrollo de la Fase II del polígono industrial de A Pasaxe. Esta acción jurídica se produce tras el rechazo total por parte de la administración a las alegaciones presentadas en septiembre del año pasado, una postura que el PP considera una “errónea interpretación normativa” y una desatención manifiesta a los intereses del municipio.
Para Paula Bouzós, el convenio aprobado por el Gobierno local pone en serio riesgo el patrimonio municipal. El PP fundamenta su recurso en cinco pilares esenciales que demuestran la inviabilidad y la injusticia del documento actual:
- Regalo del aprovechamiento urbanístico: El documento cede el 100% del aprovechamiento a la Zona Franca. El PP defiende que el Concello, como administración promotora y expropiadora originaria, no puede ser desposeído por ley del 10% del aprovechamiento que le corresponde para el patrimonio municipal de suelo. Esta cesión “descapitaliza de forma permanente e injustificada” a Gondomar.
- Inseguridad financiera y costes ocultos: Fijar un techo de gasto plurianual millonario hasta 2029 (más de 5,4 millones para expropiaciones y 26 millones para urbanización) sin un estudio de viabilidad económico-financiera previo vulnera la legalidad. La propia Intervención Municipal advirtió de que carecía de este informe técnico. El PP critica que se acepte que la Zona Franca pueda parar unilateralmente la actuación si es deficitaria, dejando al Concello en total indefensión.
- Riesgo de quiebras por penalizaciones: La cláusula 14ª obliga al Concello a indemnizar a la Zona Franca con todos los fondos invertidos hasta el momento en caso de “paralización dolosa”. Los populares advierten que el término “doloso” es altamente interpretable en el urbanismo y cualquier retraso burocrático o acuerdo plenario legítimo podría activar una penalización que hipoteque a las futuras corporaciones.
- Abandono social de familias y dotaciones: El convenio no prevé ninguna reserva económica ni alternativa habitacional para el desalojo de la vivienda unifamiliar afectada, ni para el traslado forzoso del campo de fútbol del Club Deportivo Vincios. Remitir esto a un expediente posterior es, para el PP, un “abandono de funciones” en la defensa de los vecinos.
- Exclusión de los comuneros de Vincios: Siendo la Comunidad de Montes de Vincios el principal titular de los terrenos y motor económico de la zona desde hace 30 años, el Gobierno local rechazó su presencia en la negociación. El PP avisa que forzar el polígono de espaldas a los comuneros abocará el proyecto “a una judicialización masiva”.
Por todo esto, el Partido Popular estudia solicitar formalmente la nulidad del acuerdo de ratificación del Convenio y la paralización inmediata de su ejecución. “Exigimos que se redacte un nuevo texto que enmiende estas graves deficiencias, incorpore los informes financieros obligatorios y, por encima de todo, garantice el interés general y el futuro de los vecinos de Gondomar, y no solo los de la Zona Franca”, concluyó la portavoz popular, Paula Bouzós.
