Trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar de todo el país se manifestaron este miércoles por las calles de O Porriño para reclamar condiciones laborales dignas y seguras y rechazar la negativa de la Consellería de Política Social a firmar el Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral, junto con el documento de compromiso adjunto. La CIG convocó esta movilización cuando se cumple un año del asesinato de la compañera Teresa, trabajadora del SAF de O Porriño, mientras realizaba un servicio en un domicilio.
Este crimen evidenció con toda su crudeza la inseguridad en la que las trabajadoras tienen que desarrollar su actividad y la precariedad de un modelo de cuidados privatizado que antepone el lucro de las empresas a la propia calidad asistencial, a los derechos laborales y a la protección de la salud. “Hace un año nos llenamos de dolor porque el asesinato de Teresa no fue un accidente, fue un suceso que se sabía que podía ocurrir porque las trabajadoras llevaban mucho tiempo alertando de situaciones límites de violencia”, aseveraba Ester Mariño, responsable de Mujer de la CIG de Vigo, momentos antes de la manifestación.
Mariño puso en valor que las trabajadoras del sector transformaron “ese dolor y esa rabia” por la muerte de Teresa en una lucha en las calles y en las instituciones, que derivó en la elaboración y en la firma del primer protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el SAF y en el documento de compromiso -exigido por la CIG-, que fue ratificado por las centrales sindicales, las patronales, la FEGAMP, el delegado del Gobierno y el Colegio oficial de trabajo social.
“Ahora tenemos un protocolo que se firmó el pasado 14 de julio, pero con un importante defecto porque la Consellería de Política Social no lo asumió, mientras que el ISSGA solo firmó el protocolo. Nos parece una hipocresía absoluta por parte de la conselleira Fabiola García y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que hacen mucha propaganda, pero en la realidad no quieren defender la vida y seguridad de las trabajadoras del SAF”, denunció Pedro Pérez, secretario de Organización de la CIG-Servizos.
Advirtió que la negativa de la administración autonómica -que tiene la responsabilidad última en el servicio de ayuda en el hogar- no es menor, sino que compromete la financiación y los cambios normativos precisos para que este protocolo sea una realidad “y no quede en papel mojado”.
“El problema de base es la propia estructura del servicio diseñado por la Xunta de Galicia, que pone en manos privadas la atención en el hogar. Si el Gobierno gallego se pone de lado, resulta muy difícil que el sistema pueda cambiar para que la seguridad de las trabajadoras se convierta en una prioridad”, incidió Mariño.
Por ello, recalcó que, después de este año de lucha, “duele mucho que, a pesar de tener esta herramienta, la situación real es que todas las trabajadoras siguen entrando en los domicilios con la misma falta de garantías que tenían el año pasado”. No obstante, apuntó Mariño, el trabajo y la movilización incansable de las trabajadoras del SAF llevó a que “se comenzara este camino por la dignificación, aunque quede mucho por andar y a pesar del insulto que supone que la Xunta no ratificara el protocolo”.
En esta línea, Pedro Pérez critico que la administración autonómica se escude en que se trata “de un problema laboral”, cuando en la realidad “estamos ante un problema social que precisa de recursos tanto para proteger a las trabajadoras como para garantizar la atención adecuada a las personas usuarias”.
Un convenio sin actualizar desde 2012
Pérez señaló otra de las patas en la lucha de las trabajadoras del SAF, el convenio colectivo, que está sin actualizar desde el año 2012. “Tenemos un convenio gallego que está en ultravigencia y que solo actualiza los salarios conforme al IPC, pero que precisa de unos cambios en las condiciones y de recoger la protección a las trabajadoras cuando hay que abandonar un domicilio por cuestiones de seguridad”.
Recordó que en la actualidad, cuando una trabajadora del SAF deja de acudir a un hogar porque existe un riesgo para su seguridad esto “supone una repercusión económica en su salario o una minoración en su contrato”. Cambiar esta práctica “se tiene que conseguir a través del convenio colectivo y desde la CIG seguiremos demandando la negociación inmediata del convenio, con derechos y salarios dignos”.
Junto a esto, Pérez le pidió a la Xunta que, “de una vez asuma este servicio como un servicio público esencial” y la creación de un sistema público gallego de atención a las personas que proteja tanto a las personas trabajadoras como a las usuarias y que garantice la calidad en la atención prestada, y unos salarios y unas condiciones laborales dignas.
Hartas de promesas
Al final de la manifestación, delante de la Casa del Concello de O Porriño, las trabajadoras leyeron un manifiesto en el que dejaron claro que “estamos hartas de promesas que no se cumplen. Estamos hartas de palabras bonitas que después no se convierten en hechos. Y estamos hartas de que nuestra seguridad quede siempre para después”.
Exigieron que el protocolo firmado “se cumpla, y que la Xunta de Galicia se retracte y asuma la responsabilidad que le corresponde con las mujeres que prestamos servicio en el SAF”. Porque, destacaron, “no queremos otra compañera con miedo delante de una puerta. No queremos otra denuncia ignorada. No queremos que la continuidad de un servicio pese más que la vida de una trabajadora y no queremos llegar tarde otra vez”.
A este respecto, destacaron que recordar a Teresa “no es quedar quietas”, sino continuar la lucha que comenzó al día siguiente de su asesinato. “Es transformar el dolor en organización, la indignación en derechos y la memoria en protección para todas”.
La movilización finalizó con la lectura de un escrito colectivo de las trabajadoras del SAF de O Porriño y una emotiva suelta de globos en recuerdo de Teresa.
