El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo se dirigirá formalmente a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, para reclamar la puesta en marcha de un acuerdo de cooperación entre ambas administraciones que permita afrontar el anunciado desalojo de la antigua estación de autobuses sin que suponga una nueva expulsión a la calle de personas sin hogar.
El portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, instó a la Xunta de Galicia y al Gobierno local a “darse una tregua en su pimpampum partidista” y trabajen de forma conjunta para evitar que se repita lo ocurrido en otras intervenciones similares, como el desalojo de la antigua fábrica de Pescanova donde, según denuncia de colectivos sociales, no se ofrecieron soluciones habitacionales a las personas afectadas.
Igrexas defendió que “no se puede repetir el mismo guión que se produce una y otra vez”, recordando que “las personas sin techo no son trastos que echar fuera, sino personas con derechos que merecen ayuda y atención por parte de las administraciones públicas”.
En este sentido, el portavoz nacionalista defendió que la respuesta institucional no puede limitarse al cierre físico de estos espacios. “La solución no puede ser poner vallados, tiene que ser brindar alternativas habitacionales dignas”, aseguró, advirtiendo de que “no podemos asumir como algo normal que en la mayor ciudad de Galicia haya docenas de personas malviviendo y malmuriendo en sus calles”.
Atender la emergencia social
La iniciativa del BNG propone que Xunta y Concello coordinen recursos y actuaciones para garantizar atención social, acompañamiento y alternativas de alojamiento a las personas afectadas por el desalojo, evitando que la intervención se limite al desalojo físico del inmueble.
“Xunta y Concello deben colaborar, sumando esfuerzos y recursos para atender las situaciones de emergencia social que se viven en nuestra ciudad”, reclamó Iglesias.
Para el portavoz municipal del BNG, el objetivo debe ser avanzar hacia una verdadera inclusión social de las personas sin hogar, garantizando que ninguna actuación administrativa final dejando personas sin alternativa habitacional.
