El BNG denunció este jueves posibles irregularidades en la próxima adjudicación del contrato del ciclo del agua en Ponteareas. Lo hizo en el Pleno extraordinario y urgente convocado por el gobierno local con menos de 24 horas de antelación para aprobar la propuesta de adjudicación del Ciclo del agua a una nueva empresa. Para el Bloque, esta convocatoria confirma una forma de actuar “impresentable, indecente y miserable desde el punto de vista democrático”, basada en impedir el análisis con garantías de un expediente que condicionará la gestión del agua en los próximos 25 años.
El BNG, a través del concejal Miguel Bouzó, consideró especialmente grave que el gobierno siga adelante con un procedimiento sobre el que existen numerosos interrogantes sin responder. “¿Qué tienen que ocultar?”, interpeló, antes de denunciar que el gobierno encargó una consultoría externa a un técnico de Toledo, que no acredita experiencia específica en la valoración de licitaciones de esta complejidad.
El Bloque preguntó por qué se escogió esta empresa y cómo llegó el Concello a seleccionar ese técnico. Además, advirtió que, “en todas las licitaciones recientes en las que participó dicho técnico, ganó la misma empresa, que casualmente es la que ahora se propone para gestionar el servicio en Ponteareas”.
“Podríamos hablar de casualidades, pero lo que encontramos son demasiados indicios para hablar de irregularidades”, advirtió Bouzó, que informó de que existe una solicitud reiterada de suspensión cautelar del procedimiento por las presuntas irregularidades detectadas, frente a la que el gobierno guardó silencio y decidió seguir adelante con la tramitación sin dar ninguna explicación.
Para el BNG, las prisas del gobierno tienen una explicación política. “Se acercan las elecciones y el balance de su gestión del agua es un rotundo fracaso. El PP y ACIP aprobaron la subida brutal del precio del agua, mientras incumplieron su gran promesa electoral de dotar de saneamiento todo el rural en dos años. Lejos de ese compromiso, el contrato que ahora impulsa apuesta por un modelo basado en la instalación de minidepuradoras dispersas por las parroquias que renuncia a una red integral de saneamiento, y condena el rural a continuar esperando durante años por el servicio”.
“El gobierno tiene la obligación de responder con más respeto y transparencia y con menos soberbia. Cuanto más se empeñan en acelerar el contrato y evitar el debate público, más motivos existen para preguntarse qué tienen que ocultar”, concluye el BNG.
