El Juzgado de lo Social número 3 de Vigo viene de declarar nulo el despido de una trabajadora y delegada sindical de la CIG en el centro residencial de personas mayores Bardella de A Guarda, que la central sindical considera un nuevo caso de represión sindical por parte de la empresa. La resolución judicial, contra la que cabe recurso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), obliga a la readmisión de la afectada y fija una indemnización de 7500 euros por daños morales.
Según explican desde la CIG-Servizos de Vigo, la trabajadora fue despedida en diciembre del año pasado, apenas tres meses después de haberse reincorporado a su puesto tras una larga baja por incapacidad temporal. La decisión de la empresa se produjo una vez que la trabajadora solicitó una valoración y posterior adaptación del puesto de trabajo, que tanto la propia residencia como la compañía externa del servicio de prevención demoraron en realizar.
Una vez hecha la valoración, en la que la empresa externa la declara apta con limitaciones, la dirección del centro ejecutó un despido objetivo a pesar de que la trabajadora, que tiene categoría de gerocultora, puede llevar a cabo la mayor parte de las funciones que recoge el convenio colectivo de residencias privadas de Galicia. “Pero la directora de la residencia se negó a hacerle la adaptación de puesto por el mero hecho de ser una delegada sindical de la CIG”, denuncian.
Ahora la sentencia declara nulo el despido y establece que la empresa tiene que hacerse cargo de los salarios de tramitación desde el momento de la baja hasta su incorporación, además de fijar una indemnización de 7500 euros por daños morales.
La CIG considera que se trata de un nuevo caso de persecución y represión sindical por parte de la residencia Bardella, aunque la sentencia reconoce que no se pudo constatar. “Pero sí considera oportuno la indemnización por daños morales, habida cuenta además que la compañera tiene reconocida una discapacidad y que existe mala fe por parte de la empresa a la hora de no adaptarle el puesto de trabajo; cuando en la resolución judicial queda claro que es posible porque hay un número muy importante de funciones que la trabajadora puede realizar”.
En este sentido, recuerdan que desde las elecciones sindicales que tuvieron lugar en 2024 la dirección puso en marcha una campaña de acoso a las delegadas de la CIG, primero con el despido de la trabajadora que encabezaba la candidatura de la CIG y posteriormente con persecución, chantaje y amenazas a una delegada. “Ahora pretendían quitarse del medio a otra representante sindical, por lo que esta sentencia demoledora es un jarro de agua fría para la empresa, que tendrá que readmitirla, como es la voluntad de la afectada, que no está dispuesta a ceder ante las presiones y las amenazas de la dirección”.
