Representantes de la CIG ocupan en este momento la Oficina del Sergas en la Avda. García Barbón de Vigo para impedir que se lleve adelante la modificación del PP del Plan de mejora y control de la incapacidad temporal, que legalizará, de forma impune el abuso de las mutuas en el control de las bajas por enfermedad.
En el DOG del pasado 27 de mayo la Xunta del Partido Popular aprobó la modificación del Plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal (IT), un nuevo paso en la estrategia de Rueda para convertir las bajas médicas en un problema de control social y no en un problema de salud laboral. Bajo el pretexto de combatir el llamado “absentismo”, el Gobierno gallego refuerza el papel de las mutuas y orienta a la actuación de la Inspección hacia la aceleración de las altas médicas.
Según explica el secretario general de la CIG, Paulo Carril, “de forma ilegal, pretende imponer con todo tipo de engaños, amenazas e intimidaciones que las personas trabajadoras firmen autorizaciones y consentimiento para que las mutuas puedan actuar de forma impune contra la salud de las personas trabajadoras”.
Por ello la CIG hace un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora gallega para que ningún trabajador o trabajadora firmen nada sin informarse antes de sus derechos. “No vaya ser que con su firma consientan un abuso”.
Campaña de la patronal
Carril denuncia que esta medida del PP viene a fortalecer la campaña desarrollada por la patronal y por la Xunta para presentar a las personas trabajadoras como responsables del incremento de las bajas laborales.
En ese sentido, explica que los propios datos muestran que “el problema no es que la clase trabajadora quiera trabajar menos, sino que cada vez trabaja en peores condiciones, durante más años y con un sistema sanitario más deteriorado”. Recuerda que la CIG lleva meses denunciando que “el absentismo no es la causa del problema, sino el síntoma de un modelo laboral basado en la sobreexplotación, en el envejecimiento de la población activa y en los recortes de la sanidad pública”.
Denuncia además que el Partido Popular y la patronal facilitan así que una propuesta de alta de la mutua pueda derivar en un alta efectivo inmediato cuando la Inspección considere suficiente la documentación presentada. “Se refuerza la capacidad de influencia de las mutuas que son entidades privadas cuyo interés principal es reducir los costes derivados de las prestaciones por incapacidad temporal y su beneficio, nunca la salud de las personas trabajadoras”.
La CIG entiende que, de este modo, la Xunta reconoce implícitamente el fracaso de su política sanitaria al justificar una mayor intervención de las mutuas por las demoras y listas de espera existentes en el sistema público. “En vez de reforzar el Sergas, aumentar personal o reducir los tiempos de espera, opta por ahondar en la privatización de la asistencia sanitaria”, exactamente lo que la central sindical viene denunciando en los últimos años.
Los datos hablan
Mientras la Xunta habla de absentismo, los datos muestran una realidad distinta: Galicia es la nación del estado con menor número de personas de baja, tiene una clase trabajadora más envejecida, obligada a prolongar su vida laboral, sometida además a ritmos de trabajo y con un acceso más lento a la atención sanitaria. En este contexto, perseguir a las personas trabajadoras enfermas y fortalecer el papel de las mutuas no resuelve las causas del problema; simplemente traslada la presión a las personas enfermas.
Por ello, frente a las políticas del PP, la CIG defiende que la prioridad tiene que ser reforzar la sanidad pública, mejorar las condiciones de trabajo, reducir la jornada laboral y combatir los factores que provocan enfermedad y desgaste laboral. “Lo que aumenta no es el absentismo: lo que aumenta es el impacto de un modelo económico y social que deteriora la salud de la clase trabajadora”, subraya Paulo Carril.
La CIG lleva años movilizándose contra las mutuas por su gestión y abuso en las contingencias comunes, profesionales y en las bajas por accidentes de trabajo. Una gestión que avanza en la privatización de los recursos públicos a favor de las mutuas, unos recursos que van a ser empleados para presionar a las personas trabajadoras con el objetivo de reducir el absentismo sin atender a criterios médicos sino económicos y empresariales. Ahora llama a movilizarse para impedir este intento de llevar adelante esta nueva medida y que el abuso de las mutuas se legalice de forma impune.
