El Bloque Nacionalista Galego (BNG) viene de expresar este lunes en el Pleno de Vigo su “total apoyo” al personal del servicio de recogida de basura, que se movilizó a las puertas del Concello durante la sesión en la segunda jornada de huelga. El frente nacionalista exigió una intervención del Gobierno local para promover un acuerdo justo en la negociación del convenio.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, señaló que la denuncia sindical confirma que “hay un absoluto descontrol” en el servicio, con incumplimientos de las obligaciones recogidas en el contrato por parte de la empresa concesionaria FCC. Una práctica que, denunció, se repite en la práctica totalidad de los servicios privatizados del Concello de Vigo. “Esperamos que en este conflicto Abel Caballero no insista en la misma complicidad con la empresa que tuvo con Vitrasa”, manifestó.
Igrexas alertó así de una “creciente precariedad laboral en la concesionaria, de contrataciones en fraude y de incumplimientos de las listas para colar amigotes”, y tachó de “inaceptable” que no se garantice el 100% del personal necesario a la hora de prestar este contrato millonario, que fue licitado por 402 millones de euros en el año 2023. “No podemos tolerar que concesionarias como FCC parasiten el Concello, haciendo caja a costa de dinero público, ni seguir subvencionando la precariedad laboral”, advirtió.
Barra libre de las concesionarias
El portavoz municipal del BNG demandó a ese respecto, durante el debate del informe de control interno del Concello del año pasado, que se ponga fin a lo que calificó de “política de barra libre” con las empresas concesionarias, recordando que estos incumplimientos se repiten también en servicios como la limpieza de dependencias municipales, el Servicio de Ayuda en el Hogar o el mantenimiento de parques y jardines. “Prestan menos de lo comprometido, reduciendo calidad y personal”, criticó.
Desde el frente nacionalista demandaron que el Concello actúe “con toda la contundencia y determinación” para garantizar que se cumplan estos contratos en los servicios privatizados, acusando al Gobierno de Caballero de mirar hacia otro lado. “Su respuesta es siempre el silencio, ningún expediente sancionador serio, ninguna medida que defienda el interés público frente a los beneficios privados”, reprochó Iglesias.
Comisión de Vigilancia de la Contratación
El portavoz del BNG afirmó que esta situación es consecuencia de la “ilegalidad” del Gobierno municipal por no constituir la Comisión de Vigilancia de la Contratación, un organismo obligatorio según el Reglamento Orgánico del Pleno. “No es un capricho, es el mecanismo legal de control”, matizó, recordando que hoy 2 de cada 3 euros del presupuesto municipal van destinados a contratación pública.
En la misma línea, Igrexas denunció en la sesión plenaria los defectos de control financiero durante el pasado ejercicio, donde según se desprende del informe de la intervención municipal, más del 86% de las obras ejecutadas presentaron excesos de mediciones al precio inicial o que más de la mitad de las subvenciones directas incumplen con la obligada remisión de información a la Base de datos Nacional de Subvenciones.
Sin garantías de cobro de las sanciones
Otro de los aspectos “preocupantes” a juicio del Bloque es el “descontrol” en la Gerencia de Urbanismo sobre el seguimiento de las sanciones. Según el informe municipal, este organismo carece de los medios y procedimientos necesarios para garantizar la efectividad de las sanciones, por lo se están sancionando ilegalidades pero no garantizando su cobro.
