El portavoz del BNG en el Concello de Mos, Gustavo Barcia, manifestó su preocupación por la “nefasta gestión económica” del gobierno de Nidia Arévalo tras la aprobación, en el último pleno, de un reconocimiento extrajudicial de crédito de cerca de 1,8 millones de euros. Con esta cifra, el PP bate su propio récord, superando en 281.000 la ya de por sí elevada cuantía del año pasado.
“El reconocimiento extrajudicial de crédito es una herramienta excepcional que debería utilizarse solo en ocasiones excepcionales”, señala Gustavo Barcia, “pero el PP recurre a este procedimiento para afrontar gastos cotidianos”. De hecho, la partida más abultada corresponde a 300.000 euros en facturas de la luz. De julio a diciembre de 2025, el gobierno municipal dejó sin pagar este suministro.
Según el portavoz del BNG, “la acumulación de facturas impagadas pone de manifiesto la falta de control en el gasto y la ausencia total de previsión del equipo de gobierno”. En su opinión, resulta especialmente “caótica” la gestión de la Concejalía de Cultura, donde tienen su origen muchas de estas facturas. “Pese a tener mayoría absoluta y una concejala con dedicación exclusiva”, indica Barcia, “el PP fue incapaz de aprobar el plan cultural en 2025”. Esto obligó al Concello a asumir muchos gastos para los que no existía partida presupuestaria.
Otros de los gastos más llamativos son los derivados de la fiesta de pre fin de año, que ascendieron aproximadamente a 40.000 euros; los 35.000 que costaron las orquestas de la Fiesta de la Rosa o los más de 17.000 correspondientes a facturas relacionadas con la etapa de La Vuelta que no llegó al Alto de Herville. Aun así, Barcia advierte de que el desembolso total fue aún mayor, “ya que no se incluyen todas las facturas relacionadas con estos eventos”.
Informe de intervención
El Partido Popular llevó a pleno este reconocimiento extrajudicial de crédito para levantar el reparo suspensivo emitido desde la Intervención municipal. En su informe, el departamento encargado de fiscalizar las cuentas del Concello de Mos señaló que el gobierno estaba saltándose los procedimientos mínimos que exige la ley de contratación pública. La interventora denunció que el gobierno solo le había dado un par de horas para analizar toda la documentación y advirtió, además, de posibles irregularidades como ausencia de trámites, falta de control en el gasto o fraccionamientos de contratos.
