El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG continúa con su intensa campaña de información y movilizaciones en defensa de la sanidad pública y para denunciar la política de desmantelamiento y privatizaciones de la Xunta de Galicia que afecta de manera especial a las personas mayores. En esta ocasión desarrolló concentraciones a mediodía delante de centros de salud de A Coruña, Ferrol, Compostela, Lugo, Ourense, Vilagarcía y Vigo “para hacer visible una problemática que se intenta ocultar”.
En el marco de esta campaña el colectivo está recogiendo también numerosos escritos de queja y testimonios de personas mayores sobre las dificultades y atrancos que encuentran a la hora de recibir atención sanitaria a causa de las políticas aplicadas por el Gobierno del PP en la Xunta, “que provocan listas de espera inasumibles, derivaciones sistemáticas a la sanidad privada e incluso penalizaciones para quien decide defender su derecho a tener atención en la pública”.
En este sentido, desde la central sindical advierten que para las personas mayores de 60 y 65 años, para quien vive con patologías crónicas y “para quienes sabemos qué el tiempo, cuando la salud falta, no es neutro”, estas demoras en la atención empeoran la salud, aumentan la dependencia y, “en demasiados casos, provocan daños irreversibles”. E inciden en las especiales dificultades de acceso a la Atención Primaria, “que es la puerta de entrada al sistema sanitario”, con centros de salud en los que la espera para conseguir una cita con el personal médico de cabecera va de los 10 a los 14 días.
Pero la atención hospitalaria no atraviesa una situación mejor, y el colectivo de la CIG ya ha recibido denuncias de personas que tuvieron que esperar cinco años por una operación de cataratas, de gente que lleva meses y años esperando por una prueba diagnóstica o de quien “perdió la salud de forma irrecuperable mientras estaba en una lista de espera”.
Así, hacen hincapié en que la defensa de la sanidad pública “es una lucha de país, porque también es una cuestión de justicia social y de dignidad, especialmente para quien dio toda una vida de trabajo”. Y subrayan que las personas jubiladas y pensionistas “no son números ni una carga”, sino personas con plenos derechos.
Por ello, le exigen al Gobierno gallego que finalice con la política de “aniquilación” de la sanidad pública, que ponga fin al desvío de dinero a la privada y que planifique y dote al sistema público de los recursos humanos y del material necesarios para garantizar una atención sanitaria digna y equitativa para todas las personas.
