El Bloque Nacionalista Galego (BNG) denunció que, ocho días después del desalojo de la antigua nave de Pescanova en la calle Jacinto Benavente, la práctica totalidad de las personas expulsadas continúan en situación de calle, sin que ni el Concello ni la Xunta les hayan ofrecido una alternativa habitacional real.
El frente nacionalista desmiente así el discurso oficial del Gobierno municipal, que había asegurado haber atendido a todas las personas afectadas. Según trasladó el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, “tenemos constancia de que más de una veintena siguen durmiendo en la calle, lo que evidencia que el Gobierno de Caballero mintió y abandonó a estas personas a su suerte”.
Violencia institucional y aporofobia
Igrexas recordó que el Concello tiene la obligación legal de atender las situaciones de emergencia social y criticó con dureza las recientes declaraciones “incendiarias” de la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, a quien acusó de “faltar a la verdad, criminalizar los colectivos sociales y revictimizar a las personas más vulnerables con falsedades”.
“El discurso de que quien está en la calle es porque quiere es un mantra infame e inaceptable”, denunció, advirtiendo de que en Vigo hay más de 350 personas sin hogar -datos oficiales del propio Concello-, con un único albergue municipal de apenas 38 plazas y limitación de 15 días de estancia.
Frente las reiteradas declaraciones de Abel Caballero en las que presume que “Vigo es la mejor ciudad para vivir”, Igrexas contrapuso que “ante sus ojos, cada día cientos de personas malviven e incluso mal mueren, en calles, plazas o cajeros”.
En este sentido, el portavoz nacionalista fue contundente: “El mejor antídoto contra ese cinismo sería que el alcalde y su gobierno pasaran una sola noche durmiendo en calle”.
Exigen medidas inmediatas
El BNG anunció que solicitará información detallada y documentada para esclarecer la gestión realizada por el Concello en esta situación, “con datos oficiales y no con palabras”.
Además, avanzó que reclamará al alcalde la activación inmediata de un dispositivo de emergencia, similar al puesto en marcha durante la pandemia, para garantizar una solución habitacional a las personas desalojadas y al conjunto de personas sin hogar que quedan cada día sin plaza en el albergue.
Igrexas criticó que, a pesar de contar con recursos suficientes -recordando los 137 millones de euros sin ejecutar el pasado año del presupuesto municipal-, el Gobierno local mantenga “una política aporofóbica que castiga a las personas empobrecidas con violencia institucional”, como evidencia el recorte en un 50% de las ayudas sociales del Concello desde el año 2019.
Reclaman implicación de la Xunta
El frente nacionalista también exigió a la Xunta de Galicia que deje de “mirar para otro lado” y ejerza sus competencias en vivienda y política social, poniendo en marcha alternativas dignas y estables para las personas sin hogar.
“Recursos hay de sobra también en la Xunta, como demuestra la inejecución de 750 millones de euros el pasado año. Lo que falta es voluntad política”, afirmó Iglesias.
El portavoz municipal nacionalista reclamó una respuesta inmediata por parte de todas las administraciones defendiendo que “la mejor manera de humanizar Vigo es poniendo a las personas en el centro e impidiendo que nadie quede atrás”.
