El Bloque Nacionalista Galego (BNG) defenderá en el Pleno de Vigo medidas concretas por parte del Concello y de la Xunta de Galicia para avanzar en la igualdad y en los derechos laborales de las mujeres. Con motivo del próximo 8M, Día Internacional de la Mujer, el frente nacionalista traslada una moción con una batería de demandas para ambas administraciones que, consideran, “tienen que hacer mucho más para dar pasos firmes en el camino de la lucha feminista”.
La concejala del BNG, Ana Martínez, alertó de que los datos sociolaborales evidencian que “la igualdad está lejos de alcanzarse”. Así lo demuestran las cifras de actividad, de ocupación y de desempleo, que continúan siendo desfavorables para las mujeres gallegas y viguesas. Los salarios siguen siendo un 17,7% inferiores a los de los hombres, según datos de 2024 en Galicia, con mayores tasas de temporalidad y de precariedad laboral.
Frente a esta situación, Martínez manifestó que “el feminismo es más necesario que nunca para hacer frente a los discursos retrógrados que niegan la realidad, que nos dicen que la igualdad entre mujeres y hombres ya existe”. Una desigualdad en la vida laboral que, advirtió, se traslada a las pensiones y consolida la feminización de la pobreza.
“Para el BNG no caben discursos complacientes ni declaraciones de intenciones vacías”, defendió la concejala nacionalista, que llamó a desplegar “políticas valientes dirigidas a combatir esas desigualdades”. Por este motivo, el Bloque propone una batería de medidas para que tanto el Concello como la Xunta se comprometan en esta materia.
Medidas del BNG
La moción del BNG demanda a la Xunta que ponga en marcha un Instituto Galego das Mulleres, un organismo público para la promoción de políticas de igualdad, para combatir la desinformación, para velar por el cumplimiento de la legislación vigente, para fomentar la elaboración de normas más avanzadas, y parar asesorar tanto a las administraciones como a todo tipo de organizaciones y entidades.
A respecto del Concello de Vigo, el frente nacionalista pide que se desarrollen y amplíen las funciones del Observatorio Municipal de Género. “Hoy está en desuso cuando debería ser esencial para visibilizar la situación real de las mujeres en nuestra ciudad y combatir así los bulos que afirman que la igualdad está conseguida”, subrayó Martínez.
La concejala del Bloque demandó también mayor colaboración entre los Gobiernos gallego y municipal para desplegar acciones conjuntas con las organizaciones sindicales y empresarias de Vigo destinadas a erradicar las discriminaciones en el ámbito laboral. Y en ese sentido, pidió más y mejor formación e información para las mujeres que trabajan en los servicios de atención social para garantizar la protección de las mujeres que lo precisan.
De ambas administraciones reclaman además que pongan en marcha dos nuevos Centros de Información a la Mujer con el objetivo de descentralizar el funcionamiento del actual y de incrementar su actividad, con un refuerzo del personal para que las mujeres tengan garantizada la atención a jornada completa durante todos los meses del año.
Martínez quiso además hacer un llamamiento para que la ciudad se movilice de forma masiva este próximo 8M. “Desde el BNG mostramos nuestro firme apoyo y compromiso con el movimiento feminista vigués, que va a volver a manifestarse en las calles con demandas firmes”, remachó.
Falta de consenso en el V Plan de Igualdad del Concello
En la sesión plenaria, el BNG demandará también a través de un voto particular la devolución del V Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, presentado por la Concejalía de Igualdad, para que sea debatido previamente en el Consejo Municipal de la Mujer antes de su elevación al Pleno. La concejala nacionalista advirtió de que se trata de un Plan que “llega con 14 años de retraso”, ya que el anterior venció en 2012, y que “no fue presentado, ni consensuado, ni dictaminado por el Consejo Municipal de la Mujer, como sí había sucedido con el plan anterior”. En ese sentido, defendió que la igualdad requiere de planificación rigurosa, evaluación transparente e implicación real del tejido social “y no puede quedar reducida a un trámite formal sin diálogo ni consenso”.
