El BNG viene de hacer público el resultado de una sentencia judicial que condena al Concello de Ponteareas por la destitución irregular del Director del Conservatorio y de la Escuela de Música Municipal y el posterior nombramiento a dedo de una nueva dirección.
Los hechos comenzaron en mayo de 2024, cuando el concejal de Educación, Ricardo González, intentó forzar el cese voluntario del Director del Conservatorio. Ante la negativa del trabajador, el concejal respondió con amenazas explícitas de iniciar los trámites para apartarlo del cargo, lo que para el BNG demuestra “la intención política del concejal de prescindir del Director a toda costa.”
En agosto de 2024, la Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta del concejal para el cese del trabajador, “apoyándose en acusaciones graves, subjetivas y sin fundamento, que la sentencia judicial califica como improcedentes”, señala el Bloque. “Lejos de responder a criterios técnicos u objetivos, estas acusaciones revelan la incapacidad y el profundo desconocimiento del concejal para gestionar una institución de esta relevancia”, añade el BNG. Tras el cese, el gobierno local procedió a nombrar a dedo un nuevo Director y un nuevo equipo directivo hasta el 30 de junio de 2025.
El 1 de agosto de 2025 la Justicia evidencia la mala actuación del Concello estimando íntegramente la demanda del Director cesado, obligando a su reincorporación inmediata y condenando a la administración a indemnizarlo por las cuantías retributivas retiradas. “El fallo judicial es demoledor al afirmar que las graves acusaciones realizadas por el concejal no están acreditadas. Además, la Justicia considera llamativa que, de ser ciertas, el propio gobierno local no adoptara ninguna medida correctora o disciplinaria, lo que desmonta por completo el relato del concejal”, señala el BNG.
A pesar de la sentencia, el 26 de agosto, casi dos meses después de que el Conservatorio estuviera formalmente sin director, la Junta de Gobierno Local, acuerda volver a nombrar como director accidental a la misma persona designada previamente a dedo. Finalmente, seis meses después de la sentencia judicial, el gobierno local se vio obligado a acatarla y reincorporará al director cesado de manera irregular.
El BNG denuncia que esta nueva condena judicial confirma las malas prácticas del gobierno de Nava Castro y la derecha en materia de personal, actuando con prepotencia, soberbia y total falta de respeto por la legalidad y los derechos laborales. La formación nacionalista pedirá explicaciones por este asunto y llama a una “rectificación profunda de las prácticas de gobierno que llevaron a esta situación de injusticia y al deterioro de una institución pública fundamental para el municipio.
