El BNG denuncia que Caballero pretende “estafar de nuevo a la ciudad” con una nueva prórroga a Aqualia

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo denunció hoy que el alcalde, Abel Caballero, pretende aprobar una nueva prórroga de la gestión privatizada del servicio de suministro de agua y saneamiento, hipotecando de nuevo a la ciudad con un modelo “ineficiente, muy caro y absolutamente opaco”.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, calificó esta decisión de “nueva estafa a la ciudad” y advirtió de que el alcalde “vuelve a faltar a su palabra”, después de prometer una nueva licitación y optar ahora por “agasajar a Aqualia con una nueva prórroga a pocos días de que expire la actual, aprobada por sorpresa en diciembre de 2020”.

Desde el BNG rechazan que el Gobierno municipal persista en un modelo de gestión privatizada que “prioriza el lucro privado frente al interés general”, ignorando la propuesta nacionalista de iniciar el proceso de remunicipalización del ciclo integral del agua, como ya hicieron numerosas ciudades del Estado y de Europa.

“Lo que Caballero pretende es volver a hipotecar a la ciudad, cuando existen alternativas probadas que permiten una gestión más eficiente, transparente y socialmente justa”, afirmó Igrexas.

Prórroga por la puerta de atrás

El portavoz del BNG denunció la “opacidad absoluta” con la que el Gobierno municipal pretende aprobar este lunes, en una Junta de Gobierno extraordinaria, una nueva prórroga de la concesión “sin que la oposición pueda conocer antes el expediente”.

Ante esta situación, el BNG anunció que demandará en el Pleno que, en el caso de aprobarse, la duración de la prórroga sea “por el tiempo imprescindible y ni un minuto más” con el único objetivo de que el Concello pueda constituir una empresa pública municipal que asuma la gestión integral del ciclo del agua.

Modelo nefasto

“En Vigo pagamos muy caro un muy mal servicio”, denunció Igrexas, señalando las reiteradas incidencias y cortes de suministro que se producen en los barrios y parroquias, así como la negativa de la concesionaria y del Gobierno local a realizar una auditoría de la red, a pesar de que las pérdidas de agua llegan en algunos puntos de la ciudad al 30%.

A este respecto, criticó que el Gobierno municipal aplique un modelo tarifario que no contempla el pago por consumo real. En este sentido, recordó que este sistema -aprobado por el rodillo absolutista del PSOE- supuso una subida del 276% en las cuotas fijas domésticas y de un 531% en el comercio de proximidad y en las pequeñas y medianas empresas, tal y como reconoció la propia Intervención municipal.

El portavoz municipal nacionalista señaló también que un reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa a Vigo como la ciudad gallega con el recibo del agua más caro y una de las más caras de todo el Estado, por encima de ciudades como Madrid, Zaragoza, Oviedo, Gijón, Donostia, Valladolid, Iruña o Vitoria-Gasteiz.

El agua como derecho

En cambio, desde el BNG defienden que Vigo debe seguir el camino de ciudades como Terrassa o Valladolid, así como de grandes capitales europeas como París o Berlín, que revirtieron la privatización del servicio.

“La gestión pública es la única manera de garantizar que un bien imprescindible como el agua esté bajo control democrático”, afirmó Igrexas. “La remunicipalización permitiría priorizar el servicio público sobre el lucro privado, con una mejor planificación, tarifas más justas y favoreciendo la participación ciudadana”.

“Hablamos de gestionar un recurso vital como un derecho, no como una mercancía para que unos pocos hagan un gran negocio”, concluyó.