El Bloque Nacionalista Galego (BNG) exige del Concello de Vigo y de la Xunta de Galicia que encuentren una alternativa habitacional para las personas amenazadas de desalojo de la pensión Nuestra Señora del Carmen. Acusa a ambos gobiernos de llevar semanas “mirando hacia otro lado”, sin ofrecer soluciones a las 21 personas que van a quedar en la calle a finales de año por el cierre del hospedaje más antiguo de la ciudad.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, aseguró que solo cuatro de las personas afectadas encontraron, por su cuenta, una “solución en precario”. Rechazó a ese respecto la “propaganda oficial” de ambas administraciones, en referencia a los anuncios de que estas personas vulnerables, que vivían de forma estable en la pensión, están recibiendo un “acompañamiento individual”.
“¿Cómo es posible que un alcalde que presume que su despacho es la oficina anti desahucios lo único que haga es facilitar en algunos casos listas de viviendas en alquiler?”, cuestionó Igrexas sobre Abel Caballero. Recordó que algunas de estas personas perciben ingresos de apenas 300 euros mientras en la ciudad los arrendamientos superan los 700 de media y se exigen avales, seguros y anticipos “imposibles”.
El portavoz nacionalista afeó que, incluso, el propio Concello haya aconsejado a las 21 personas afectadas que denuncien al propietario de la pensión por el cese de la actividad. Tachó esta respuesta de “irracional e injusta” así como de una “evidencia” de cómo el Gobierno municipal quiere “desentenderse del riesgo real de que vecinos de nuestra ciudad puedan acabar en la calle”.
Alternativa estable y adecuada
Desde el BNG exigieron por este motivo que ambas administraciones busquen con la “máxima urgencia y prioridad” una alternativa habitacional “estable y adecuada” antes de que finalice el año. “No podemos tolerar la respuesta del PSOE en el Concello o del PP en la Xunta sea el abandono institucional ante la realidad de la pobreza”, afirmó Igrexas.
En este sentido, desde el frente nacionalista cuestionaron la falta de voluntad para crear un parque público de vivienda social en Vigo, que incluya un programa destinado a personas vulnerables o en riesgo de desahucio, a pesar de que los Gobiernos gallego y local dejan cada año “montones de millones de euros sin ejecutar de sus presupuestos”: en el caso del Concello alrededor de 100 millones anuales y de la Xunta de 1.000 millones.
“Para lograr que nunca más un desalojo se produzca sin una alternativa digna en nuestra ciudad, eso es humanizar de verdad nuestra ciudad”, defendió el portavoz municipal del Bloque, rechazando que ambas administraciones “intercambien culpas” o afirmen que el problema no es de su competencia.
