El BNG criticó este viernes la deriva del PP en la Diputación por no apostar presupuestariamente por la lucha contra la violencia machista. El grupo nacionalista, tras presentar una moción reclamando la necesidad de incrementar los recursos públicos en esta materia -que fue rechazada por el Partido Popular-, afeó al gobierno provincial que los fondos del departamento de Igualdad bajan cada año. “No es una prioridad para ustedes. Las cifran muestran lo que es importante para esta Diputación”, subrayó la diputada Manuela Rodríguez, destacando que de los más de 2,1 millones de euros invertidos en Igualdad en 2023, con un 1,17% del presupuesto total, la inversión absoluta para 2026 no va a llegar ni a los 1,8 millones, dejando el porcentaje en la cifra más baja de los últimos años, un escaso 0,75% del total de los fondos disponibles por la administración provincial.
El BNG subrayó que la violencia machista es una realidad incuestionable y un problema de derechos humanos, por lo que es necesario que las instituciones dediquen más recursos. Rodríguez recordó que año tras año, las cifras -con mujeres concretas detrás- son cada vez más espantosas, poniendo sobre la mesa que hay 1.920 mujeres (14 de ellas menores de edad) bajo el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), lo que supone un incremento de casi un 13% más con respecto al mismo período del año pasado.
Denunció también que, según datos de la Fiscalía General, Pontevedra es la provincia más lenta de todo el Estado en evaluar a las víctimas, con retrasos de hasta 14 meses para emitir informes imprescindibles para fundamentar sentencias. La provincia, subrayó, tampoco cuenta con el necesario y prometido juzgado específico de violencia sobre la mujer para la demarcación de Pontevedra.
En lo que alcanza al ámbito gallego, Rodríguez destacó que a día de hoy no está garantizada la atención psicológica en la Atención Primaria; las ayudas económicas son aún menores a las aprobadas hace casi dos décadas y no recogen el crecimiento de la carestía de la vida; no existe una ayuda periódica que incluya a las víctimas de violencia sexual; no se garantiza la formación especializada de las y de los profesionales que trabajan en la cadena de atención a la violencia machista; el ámbito judicial sigue arrastrando una enorme revictimización; falta financiación y personal para los CIM y, en ámbitos estratégicos como la enseñanza pública, no hay un verdadero plan de educación afectivo-sexual, se eliminó la materia de igualdad y el Partido Popular intenta imponer mecanismos de control ideológico para restar espacio a las iniciativas feministas de profesorado y estudiantado.
Subrayó también que los centros de acogida para víctimas de violencia son entidades municipales o propiedad de entidades privadas y que en el año 2024 la Xunta privatizó los centros de crisis 24 horas para la atención de la violencia sexual.
Por todo lo expuesto, el grupo provincial del BNG propuso reforzar y potenciar el área de Igualdad en la Diputación, revirtiendo la reducción de presupuesto de años anteriores para promover más políticas de promoción de la igualdad y el desarrollo de iniciativas de lucha contra la violencia machista.
También subrayó la necesidad de que la Xunta atienda las recomendaciones y deficiencias señaladas por el Consello de Contas en su Informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género en la Comunidad Autónoma en el período comprendido entre 2018 y 2022. Singularmente, pautar el incremento de personal, el incremento del presupuesto destinado a prevención y sensibilización, a planificación de los procesos de contratación y subvenciones con publicidad y concurrencia y la aprobación de un plan estratégico específico para la lucha contra la violencia machista.
Otra de las reclamaciones fue impulsar un nuevo marco reglamentario y presupuestario, incrementando su contribución, para los Centros de Información a la Mujer con el objetivo de reforzar y ampliar la red gallega de CIM’s haciendo especial énfasis en la creación de estos centros en aquellos ayuntamientos y comarcas en los que actualmente no existen o están sobrecargados, impulsar la fijación de ratios mínimos de personal y favorecer la contratación a jornada completa, como mínimo, de todo el personal que sea obligatorio para la acreditación del CIM. También se solicitó devolver al sistema público los centros de crisis 24 horas para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual y blindar la prestación de este servicio con cuadros de personal suficientes para garantizar la atención presencial, así como aprobar, para su puesta en marcha en el año 2026, una ayuda periódica específica para víctimas de violencia sexual.
Finalmente, instó al gobierno del Estado a la creación del juzgado específico de violencia sobre la mujer en Pontevedra para garantizar que todas las mujeres en situación de violencia tengan acceso a una justicia especializada y próxima, sin diferencias territoriales, tal como fue recogido en el acuerdo de investidura.
De cara al próximo 25N, el Bloque subrayó la necesidad de denunciar el negacionismo de la violencia machista como una forma de violencia machista y reafirmar su compromiso con el refuerzo de los servicios públicos y el aumento de los recursos del sistema de protección y atención a las víctimas y animó a la ciudadanía del conjunto de los ayuntamientos de la provincia a secundar las movilizaciones del movimiento feminista gallego por el 25N.
