El Bloque Nacionalista Galego (BNG) va a defender en el próximo Pleno municipal la urgencia de aplicar medidas frente al grave problema de la vivienda en Vigo. El frente nacionalista promueve una moción en la que demanda actuaciones ante la emergencia habitacional y la subida de los alquileres en la ciudad ante la “inacción” de los Gobiernos gallego, español y municipal.
“Ante esta gravísima situación, que está generando enorme frustración en amplias capas de nuestra sociedad por ver como las administraciones dicen querer hacer, pero no hacen, el BNG reclamamos hechos y no más discursos para las miles de viguesas y vigueses que no se pueden permitir vivir en nuestra ciudad”, exigió el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.
Alertó de que el contexto continúa agravándose con precios para el arrendamiento que superan ya de media los 700 euros mensuales, con un incremento del 35% en cinco años y del 50% durante la última década. Advirtió además que cada vez hay menos viviendas para alquiler a pesar de existir en la ciudad 22.000 inmuebles vacíos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una situación que consideró como consecuencia directa del avance de la “ofensiva ultraespeculativa” de los pisos turísticos, que pasaron de 400 a 2.400 en tres años, lo que representa el 40% del total de las siete ciudades gallegas. “Hoy por cada vivienda disponible para uso residencial en Vigo hay cinco destinadas al turismo”, subrayó.
Igrexas aseguró que este contexto dramático se hace notar con mayor dureza entre la población más vulnerable. En la ciudad se registra un desahucio cada tres días, recordó. “Lo saben bien las 25 viguesas y viguesas que están hoy pendientes de desalojo o las 21 personas empobrecidas amenazadas de perder su residencia a final de año por el cierre de la pensión de A Nosa Señora do Carme”, ejemplificó.
Medidas de Xunta, Gobierno español y Concello
La moción del BNG reclama medidas de todas las administraciones para hacer frente al principal problema social en la ciudad. Entre ellas, la necesidad de garantizar alternativas habitacionales para las viguesas y vigueses en situación de exclusión o riesgo de desahucio. “Ningún desahucio más en Vigo sin alternativa”, exigió el portavoz municipal del Bloque.
A respecto del Gobierno gallego de Alfonso Rueda, el frente nacionalista insistió en que debe ejercer “de una vez” sus competencias en materia de vivienda para frenar los precios de los alquileres. Criticó la falta de política de la Xunta del PP desde el año 2009 por tener puesto en marcha apenas 62 viviendas en la ciudad. Y sobre los anuncios del plan parcial de Navia, “que cada semana anuncia tres veces”, advirtió de que los 1.600 inmuebles proyectados apenas van a dar respuesta a un 25% de las 7.100 personas demandantes de vivienda protegida y social registradas en Vigo.
Desde el Bloque extendieron esta reclamación al Gobierno español, llamando a que coopere con la administración gallega para poner freno a la escalada en los precios de la vivienda. Igrexas lamentó el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez al permitir que la Sareb, el conocido como “banco malo”, siga actuando como un “fondo buitre especulando” con los inmuebles rescatados con recursos públicos en lugar de destinarlos a uso social para constituir un parque público de vivienda.
El portavoz municipal del BNG acusó también al Gobierno municipal de una “clara y rotunda política de brazos caídos” en materia de vivienda. “Abel Caballero prometió en 2007 que iba a poner en marcha 6.000 viviendas y no hizo ninguna en 18 años”, cuestionó. Exigió por este motivo que “pase de las palabras a los hechos” para evitar que miles de vecinas y vecinos continúen sin poder acceder a una vivienda en la ciudad.
De la negativa a la simulación de Caballero
Igrexas advirtió de que el único cambio del alcalde de Vigo en estos años fue pasar de “negarse a hacer nada”, afirmando que la vivienda no era de su competencia, a “simular que hace algo” pero sin aplicar ninguna medida concreta. Evidenció esta falta de voluntad en el hecho de que el Gobierno de Caballero no haya ejecutado ninguna de las medidas aprobadas por el Pleno hace 19 meses a través de una moción del BNG para facilitar el acceso a la vivienda y frenar la subida de los alquileres.
Señaló entre ellas que no haya avanzado en la solicitud de zona tensionada del mercado de la vivienda, como otras ciudades gallegas como A Coruña o Santiago de Compostela, a pesar de que el informe externo encargado por el Concello acreditó que Vigo reúne las condiciones para acogerse a esta medida de intervención de los precios, como había anticipado el propio frente nacionalista.
Desde el Bloque lamentaron que el Gobierno local tampoco haya actuado para “poner coto” a la proliferación de pisos turísticos en la ciudad, como la moratoria recogida en los acuerdos de la moción, y que la prometida ordenanza reguladora esté en una fase tan previa que no exista ni tan siquiera un borrador de la misma.
Otras de las medidas incumplidas por Caballero son la puesta en marcha de un Plan Facilitador del Alquiler, la cesión de las viviendas de la Sareb y de la banca privada rescatada “para las que no movió un dedo”, ni del plan local para movilizar las 22.000 viviendas desocupadas. “En la ciudad tenemos cada vez más gente que no se puede permitir una casa, mientras tenemos miles de casas sin gente”, afirmó Igrexas.
En relación a las declaraciones del regidor sobre el nuevo PXOM, el portavoz del Bloque alertó de que la falta de planificación en detalle de los diferentes ámbitos donde se proyecta vivienda protegida va a dejar la promesa de 14.500 nuevas viviendas con algún nivel de protección en “papel mojado, puro y duro humo”.
Cuestionó también los anuncios sobre una Empresa Municipal de Vivienda de la que “no existe nada” y no está constituida formalmente. “No hay memoria, ni plan de viabilidad ni estatutos”, denunció Igrexas, quien calificó de “ridícula e insuficiente” la partida de 4,5 millones de euros para su puesta en marcha. “Esos son los recursos que por el momento destinó Caballero de un presupuesto municipal de más de 400 millones”.
Tampoco tienen constancia en el frente nacionalista del prometido Observatorio de la Vivienda a través de un convenio con la Universidad de Vigo del que, advierten, no existe a día de hoy ningún expediente en toda la administración municipal.
