La empresa Óbolo, concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) del Concello de Ponteareas, no resolvió en el plazo marcado por el Gobierno local las numerosas irregularidades laborales y del servicio que las trabajadoras vienen denunciando y que motivaron la convocatoria de una huelga indefinida el pasado 26 de septiembre. En el día de ayer, varios cientos de personas recorrieron en manifestación la localidad desde el centro de salud hasta el consistorio en apoyo de una lucha con la que se pretende la rescisión del contrato.
De manera paralela, la representación sindical de las trabajadoras tramitó una queja en la Valedora do Pobo ante la gravedad de los incumplimientos del contrato y la inacción del Concello, “que siendo conocedor de los hechos no ejerció sus facultades de control, puso medios y personal propio a disposición de la empresa y no abrió expediente de resolución del contrato a pesar de la existencia de múltiples causas tipificadas en el pliego”.
Por otra parte, la CIG censura que la respuesta de la compañía a los requerimientos de los responsables municipales para que corrigiera las irregularidades -que las afectadas forzaron con sus movilizaciones- fuera puesta en conocimiento de la representación legal de las trabajadoras mediante teléfono móvil a través de un servicio de mensajería instantánea y compartida en las redes sociales del Concello sin antes cotejarla con la representación sindical.
En cuanto al contenido de la respuesta, en la que la empresa da por solucionadas una serie de problemáticas que el personal del SAF lleva tiempo trasladándole al Gobierno local, desde la central sindical recuerdan que a día de hoy no hay registro de jornada transcurridos seis meses de la licitación del concurso. “Dicen que va a haber uno provisional, pero no se sabe cuándo”, señalan.
Hacen hincapié también en que la entrega de teléfonos a las auxiliares aún no se hizo efectiva y que faltan las tarjetas. Tampoco se cuenta con el preceptivo resumen mensual de las horas trabajadas y el balance del primer trimestre ni del segundo trimestre, que finalizó en septiembre.
Al mismo tiempo, aclaran una serie de cuestiones a respecto del pago de las horas extraordinarias y del cálculo del tiempo de los desplazamientos para que sean abonados como corresponde, e insisten en que las nóminas presentan errores. “No entregaron relación de las nóminas que fueron revisadas, suponemos que los ingresos a los que aluden en la respuesta corresponden a las trabajadoras que lo solicitaron por registro. Y falta la revisión de la mensualidad de septiembre, de la nómina de la paga extraordinaria de junio -de la que no facilitaron copia- y del pago de la regularización de horas del primer trimestre”.
A respecto del plan de prevención, aclaran que lo primero que tiene que hacer la empresa es constituir el comité de prevención de riesgos, formado por la representación social y empresarial, e indicar si tiene un servicio ajeno o propio de prevención. “Ese comité tiene que evaluar la propuesta preventiva de la empresa y realizar la evaluación de los domicilios a los que se asiste; una vez realizada la evaluación hay que elaborar el plan preventivo con las medidas específicas a tomar en cada servicio”. Tampoco se informó ni se difundió el protocolo de acoso entre el cuadro de personal, y no existe protocolo de comunicación de incidencias en el servicio.
Otros incumplimientos tienen que ver con que no se están respetando los descanso mínimos semanales fijados en el convenio. “Las trabajadoras de fin de semana apenas descansan dos días en 14 días. Tampoco se respeta el descanso mínimo diario de 12 horas entre jornadas, ni la pausa de 15 minutos para el bocadillo”.
Se están partiendo las jornadas parciales en más de dos franjas, “algo completamente prohibido por el Estatuto de los Trabajadores/as”. Se incrementa la jornada de las trabajadoras para cobertura de bajas y vacaciones sin realizar la preceptiva novación contractual aumentando las horas de contrato. No hay PIAS ni descripción de las tareas en cada domicilio. Ni se están realizando las visitas bimensuales obligatorias.
Tampoco se están ofreciendo los servicios complementarios comprometidos en el acta de la mesa de contratación: enfermería, limpiezas extraordinarias, terapia ocupacional, fisioterapia, etc. En la misma acta figuraba en el cuadro de personal un/una responsable administrativo/a a jornada completa y una persona de administración a jornada completa, que no fueron contratados.
No se está incrementando el personal necesario para nuevas altas. No se completó la contratación de un 60% del personal a jornada completa. No existe un plan de formación. No se cumple con el deber de información a la representación legal de las trabajadoras. Ni se tiene constancia de la política de igualdad dentro de la empresa.
Por todo esto, y ante los graves incumplimientos de las condiciones de especial ejecución del contrato, reclaman la apertura de un expediente de extinción con efectos a 31 de diciembre de 2025, “en la medida en que la actuación de la empresa no puede considerarse aislada al afectar la práctica totalidad de las condiciones de ejecución y se sostuvo durante seis meses continuados, optando incluso el Concello por poner a disposición de la empresa material y personal propio”.
