El Bloque Nacionalista Galego denuncia que el Gobierno municipal de Vigo sigue sin notificar las resoluciones a las más de 4.500 alegaciones formuladas al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Transcurridos 122 días desde la aprobación definitiva, desde el frente nacionalista denuncian que esta falta de respuesta supone incumplir la legalidad y vulnerar derechos de los vecinos y de las entidades que alegaron.
Así lo hizo público este jueves el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, advirtiendo que, en caso de no responder, el Gobierno de Abel Caballero va a someter el nuevo Plan Xeral en vigor a una “evidente inseguridad jurídica”. Recordó a ese respecto que el período de exposición pública, en el que las viguesas y vigueses pudieron registrar sus alegaciones, finalizó el 17 de enero de 2022. Y más de tres años después siguen a la espera de respuesta, situación que contrapuso con la tramitación del Plan de 2008.
“La respuesta administrativa no es un formalismo burocrático, es un elemento que garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y evita provocar situaciones de indefensión, que incluso podrían llevar a cuestionar la legalidad de los acuerdos”, alertó Igrexas. Así lo recoge numerosa jurisprudencia, según el portavoz nacionalista, entre ellas la propia Ley de Procedimiento Administrativo que establece, en su artículo 40, la obligación de comunicar individualmente la respuesta a los recursos y alegaciones de las personas afectadas.
Desde el Bloque subrayaron que el trámite de alegaciones permite, por un lado, que la ciudadanía participe en la elaboración de normas que les afectan de forma directa como el Plan Xeral y, por otro, facilita que la Administración conozca los efectos y consecuencias de los acuerdos. Del mismo modo, la propia normativa urbanística recoge la obligación del Concello de dar la máxima publicidad y facilitar la participación pública en la tramitación y ejecución del documento. Por este motivo, consideran que se está privando a los vecinos de la protección frente a eventuales lesiones de sus derechos o intereses legítimos.
Igrexas valoró esta falta de respuesta como “un ejemplo más de la falta de diligencia y total opacidad” con la que el Gobierno de Caballero tramitó y aprobó el nuevo PXOM que, criticó, fue “elaborado en la oscuridad de los despachos, al dictado de los oscuros intereses de los de siempre y de espaldas a la ciudadanía viguesa”.
Compromiso de Urbanismo
El frente nacionalista afeó también que la concejala de Urbanismo, María José Caride, esté faltando a sus propios compromisos cuando manifestó, en respuesta a las reiteradas interpelaciones del BNG, que se notificarían las alegaciones. Así lo afirmó en 2022, anunciando que la resolución se comunicaría de forma individual después de la aprobación provisional del Plan Xeral, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2023.
En el mismo sentido, la responsable de Urbanismo se comprometió a informar una por una de todas alegaciones una vez finalizados los informes sectoriales definitivos por parte del Gobierno estatal. Y también lo aseguró este pasado 22 de julio, situando el plazo para la respuesta en el momento en que el PXOM fuera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, situación que se produjo el 4 de agosto, y cuando entrara en vigor, el 27 del mes pasado.
“Esa notificación que es la que garantiza que las personas afectadas conozcan el resultado de sus alegaciones es absolutamente imprescindible para que puedan ejercer sus derechos en caso de que querer promover una reclamación, a través de la vía contencioso-administrativa, para defender sus intereses”, defendió Igrexas.
Por estos motivos, el BNG anunció que va a pedir explicaciones en el próximo Consejo de la Gerencia de Urbanismo y requerir por escrito que el Gobierno municipal cumpla con la legalidad y notifique de manera inmediata la respuesta a todas y cada una de las alegaciones vecinales. El portavoz nacionalista advirtió que, de no hacerlo, el nuevo Plan Xeral se va a someter a una “evidente inseguridad jurídica”, recordando que la anulación del anterior de 2008 fue debido a una irregularidad en su tramitación administrativa.
