La CIG denuncia que las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) del Concello de Mos supieron por las redes sociales que el Gobierno local viene de iniciar un expediente de extinción del contrato con Serveo, la empresa adjudicataria. Desde la central sindical recuerdan que el pasado 26 de agosto habían solicitado una reunión con los responsables municipales para abordar los graves incumplimientos laborales por parte de la compañía.
Junto con la solicitud de reunión la CIG había registrado en el Concello una denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo por cuestiones como la falta de un plan de prevención de riesgos y de registro de jornada, así como descansos, jornadas irregulares y contratación.
Problemáticas que se iniciaron nada más ponerse en marcha el servicio el pasado 9 de abril, fecha en la que “la organización se sumió en un auténtico caos, tanto para el personal como para las personas usuarias”. Ante esto, la representación legal de las trabajadoras mantuvo varias reuniones con la empresa reclamando la normalización de la actividad, “pero en un primer momento Serveo culpó a la anterior adjudicataria del traspaso de información”.
Tras cuatro meses y cuatro encuentros sin alcanzar acuerdos básicos como la entrega del documento de subrogación, el reconocimiento de las antigüedades o la consulta de los cuadrantes para comprobar jornadas y horarios, la CIG procedió a denunciar los hechos ante la autoridad laboral.
En este tiempo los responsables municipales se negaron siempre a recibir a las trabajadoras, que habían solicitado ser escuchadas antes de la elaboración del pliego de condiciones de la actual adjudicación con la intención de que se mejoraran sus condiciones y se protegieran frente los abusos de las posibles licitadoras.
“No olvidemos que la atención de las personas depende en un 90% del trabajo del personal auxiliar, por lo que el servicio solo puede mejorarse cuidando a las trabajadoras, escuchando sus necesidades y poniendo los medios necesarios para garantizar su protección”.
Por el contrario, el personal encargado del servicio sigue siendo silenciado por el Concello, que lo considera personal externo a traspasar a empresas intermediarias “cuya única intención es la facturación de dinero público obteniendo un beneficio que consiguen a base de la precariedad y usurpación de derechos laborales”.
Ahora, tras tener conocimiento del inicio de un expediente de extinción del contrato sin haber informado a las propias trabajadoras la CIG exige la convocatoria de una reunión urgente en la que se aborde la gestión directa del servicio, se asuman responsabilidades de protección de las auxiliares y se les explique a las trabajadoras cuál es su situación actual y cómo se van a afrontar en lo inmediato los graves incumplimientos en materia laboral.
